[ En torno a los atentados del 11-M en Madrid ] 2. El PP en la fragua de Vulcano (La mayoría absoluta 2000-2004)

Lluís Cànovas Martí  /  17.3.2004 (amp. 2014)

[ Vegeu també: En torno a los atentados del 11-M en Madrid: [1] Proemio conclusivo (Para no ir a tientas) / [3] El PP ante los idus de marzo (La campaña electoral de 2004) / [4] In memoriam Catilina (El PP en la teoría de la conspiración) / El estado de las autonomías (1978-2012) / Transición económica neoliberal (1982-2012) / Sobre la bipolarización del voto en las elecciones del 9-M (2008) / Un sistema electoral bajo crítica / Apuntes sobre políticas nacionales en la UE: España 2002-2004 / España 1999-2001 ]

Si en la legislatura de 1996-2000, durante la primera presidencia de José María Aznar, la mayoría simple del Partido Popular (PP) se había caracterizado por los pactos con los sindicatos y con las fuerzas más representativas de los nacionalismos catalán y vasco; por la integración en el sistema monetario europeo y la consecución de índices de crecimiento económico positivos, entre los cuales la reducción del paro; por la tranquilidad de que pudo disfrutar ante un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) centrado en los problemas internos ocasionados por la búsqueda de un repuesto a la figura de Felipe González y que derivaron en los efímeros liderazgos de Joaquín Almunia y Josep Borrell... muy otras iban a ser las coordenadas de lo que sucedería en la legislatura siguiente.

En 2000-2004 la mayoría absoluta del PP (10.321.178 votos, 44,53% y 183 escaños) iba a estar marcada por una sucesión de conflictos que condujeron, efectivamente, la vida política española al límite de la crispación: la reforma unilateral del mercado de trabajo, que fue tachada de «decretazo» y motivó una huelga general de los sindicatos (20 de junio de 2002) que determinaría al gobierno a dar marcha atrás y dejó por el camino al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio; la imposición de una reforma educativa no consensuada, que en 2001 aprobó la ley orgánica de Universidades (LOU) y en 2002 la de Calidad de la Educación (LOCE), calificadas ambas por la oposición socialista y de Izquierda Unida (IU) de auténtica «contrarreforma», en cuanto ataque a la enseñanza pública y al laicismo, y por catalanes y vascos, en lo que se refiere a la LOCE, como una intromisión en sus ámbitos competenciales y un intento de marginación de sus respectivas culturas autóctonas; la marea negra causada por el accidente del petrolero Prestige (13 de noviembre de 2002), que afectó de lleno a Galicia y en menor medida a toda la cornisa cantábrica, poniendo durante meses al gobierno contra las cuerdas al denunciar la oposición en pleno la responsabilidad del Ministerio de Transportes en la desafortunada decisión de remolcar a alta mar el buque siniestrado...

Por supuesto, por encima de todos esos conflictos se impuso el que sobre la población española proyectó la guerra de Irak, que por su gravedad iba a ser el más perdurable en la memoria colectiva. Esa guerra representó un giro de la política exterior del país porque se sumó a la política de la extrema derecha estadounidense, que, bajo el liderazgo del presidente George W. Bush y con la complicidad del PP de Aznar, implicó a España en una guerra que careció de la legitimidad internacional sancionada por Naciones Unidas. La participación española en esa guerra fue rechazada al cabo por el resto de fuerzas políticas y, según las encuestas, por el 91% de una ciudadanía movilizada activamente en las mayores manifestaciones de su historia.

Enconamiento del conflicto territorial en Euskadi y Catalunya

El enquistamiento del conflicto político vasco suscitado por la lucha armada de ETA (en 2000-2004, según fuentes del Ministerio del Interior, hubo 43 víctimas mortales en 160 atentados etarras y se detuvo a 516 militantes de la organización) se agravó ante la falta de una salida política cuando el gobierno del PP, en este caso con la absoluta connivencia del PSOE, colocó en un callejón sin salida la propuesta del plan soberanista vasco (Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, con que se pretendía reformar el vigente Estatuto de 1979) planteado por el lehendakari Juan José Ibarretxe durante el debate de política general del Parlamento Vasco (septiembre de 2001). El plan soberanista lo aprobó la cámara vasca tres años más tarde (30 de diciembre de 2004) y sería finalmente rechazado por el Congreso en la legislatura siguiente (1 de febrero de 2005). El argumento más repetido por el gobierno español durante ese largo proceso iba a consistir en que el Plan Ibarretxe era rechazable de plano porque coincidía con los objetivos separatistas de ETA y se daba en un contexto de violencia armada. El plan propuesto no planteaba siquiera la independencia de Euskadi, sino una reforma estatutaria dentro del marco jurídico español, pero acabaría siendo rechazado en una muestra de intransigencia alimentada por el convencimiento de que el plan se proponía romper la unidad de España. La letanía argumental contra el plan se acompañó casi siempre de otra afirmación que diez años después iba a quedar desmentida por el rechazo español al plan soberanista catalán: la posibilidad de defender y satisfacer la causa de la independencia siempre que se llevara a cabo por la vía pacífica.

La ruptura del diálogo institucional del gobierno de Madrid con el gobierno vasco que presidía Ibarretxe había sido espoleada por los desencuentros en el seno del pacto de Ajuria Enea contra el terrorismo de la legislatura anterior y llegó al paroxismo en 2003, en pleno linchamiento moral y político de Ibarretxe, cuando, aun antes de completarse la tramitación autonómica del plan, la vendetta preventiva del gobierno español logró que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fuera expulsado de la Internacional Democristiana de la que era miembro fundador. Para conseguirlo, se esgrimió el argumento de la ambigüedad del PNV respecto al terrorismo y, en palabras del entonces eurodiputado popular Juan Manuel García Margallo, atendiendo «el principio de la condena de los partidos que dialoguen, amparen, legitimen o justifiquen a organizaciones violentas, o que tengan de alguna manera alianzas electorales de este tipo».

Mientras que en el caso de Euskadi el entendimiento económico de los gobiernos central y autonómico quedaba asegurado por el régimen bilateral del «concierto económico» establecido en la Constitución, en las restantes comunidades ese entendimiento seguía basándose en la acomodación al marco multilateral del Consejo General de Política Fiscal y Financiera: un organismo creado en 1980 al amparo de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para adecuar la coordinación de la Hacienda estatal con la actividad financiera de esas comunidades. En la práctica, ese mecanismo de concertación permite gravar en concepto de solidaridad interregional las finanzas catalanas con un déficit fiscal que algunos cálculos estiman insostenible para el conjunto de esa economía. Pero en ausencia del estudio y de la publicación de las balanzas fiscales de Catalunya con España (una reivindicación catalana rechazada reiteradamente por el estado español), esos cálculos resultan difícilmente objetivables. El único estudio publicado por el gobierno español sobre las balanzas fiscales interregionales fue el del año 2005. Cumplía ese estudio IEF, Las balanzas fiscales de las CC.AA. españolas con las administraciones públicas centrales. 2005, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 2008. un mandato parlamentario del 8 de abril de 2008 y fue un encargo del gobierno al Instituto de Estudios Fiscales. Sobre este tema véase en esta misma web el artículo de Lluís Cànovas Martí «Apuntes sobre las balanzas fiscales Catalunya-Espanya».

El contencioso fiscal Catalunya-España lo había tratado de resolver paliativamente durante sus 23 años de gobierno (1980-2003) el presidente catalán Jordi Pujol a través de la que fue calificada como política de peix al cove (expresión catalana equivalente a la castellana «pájaro en mano»). Esta política, esencialmente pactista, se desarrolló a través de reiteradas e inacabables negociaciones que buscaban mayores cotas de financiación para la autonomía catalana y que en España siempre fueron presentadas, como mínimo, como una muestra del victimismo de la «clase política» catalana y, entre los sectores del españolismo ultramontano, como la prueba de la insaciabilidad e insolidaridad nacionalista catalana: punto de vista este que, convenientemente explotado, en 2000-2004 revalidaría las peores prácticas de una «catalanofobia» de raíces históricas que seguía latente en la sociedad española. Sobre este particular véase en esta misma web el artículo de Lluís Cànovas Martí «El peix al cove y la catalanofobia antisemita».

Desde las instancias políticas y mediáticas, la catalanofobia se explotó en ámbitos de amplia trascendencia y repercusión social, como sucedió a propósito del previsto trasvase del Ebro, que al amparo del Plan Hidrológico Nacional alentaba las tensiones interterritoriales entre las comunidades bañadas por el río (Catalunya y Aragón) y las comunidades que eran las supuestas beneficiarias del trasvase (principalmente Valencia y Murcia, y en menor medida las regiones orientales de Castilla-La Mancha y Andalucía). Pero los argumentos anticatalanes se multiplicaron también en conflictos aparentemente menores que, sin embargo, tenían un marcado carácter simbólico, como sucedió con la negativa de la ciudad castellana de Salamanca a devolver a sus legítimos dueños los llamados «Papeles de Salamanca», documentos catalanes que habían sido requisados a instituciones y particulares durante la guerra civil, fueron usados por los franquistas en la inmediata postguerra como arma de la represión y se incorporaron al Archivo General de la Guerra Civil inaugurado en esa ciudad en 1999. Su devolución había sido aprobada en 1995 por un decreto-ley del gobierno socialista y revocada al año siguiente tras la victoria del PP, que interrumpió el proceso de devoluciones. Los dirigentes regionales de ese partido movieron una amplia campaña que tuvo como hitos más destacados una manifestación a cuyo término el escritor local Gonzalo Torrente Ballester, en un incendiario discurso, llamó a sus conciudadanos a defender «lo que es vuestro por el derecho de conquista» (30 de marzo de 2005) y otra en la que recibieron el apoyo entusiasta de dirigentes nacionales del PP como Ángel Acebes, Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana, quienes encabezaron una marcha en la que las pancartas de los manifestantes rezaban «España y Archivo = Unidad» sobre el fondo de una bandera española (11 de junio de 2005)... Pese a los años transcurridos, a la posterior alternancia política de los grandes partidos y a una sentencia del Tribunal Constitucional que en 2013 se mostraba a favor de que los documentos en cuestión fueran devueltos, el proceso de devolución de los «Papeles de Salamanca» a Catalunya seguía pendiente de completarse en 2014, cuando el gobierno anunció su decisión de no cumplimentar el acuerdo pactado y, por el contrario, instó a devolver todos los documentos ya transferidos al Arxiu Nacional de Catalunya en los que no constara el nombre del propietario.

Al hilo de los acontecimientos, el conflicto abierto por la catalanofobia rampante española fue aprovechado en ámbitos ajenos a los que derivaban de la economía y la mera liza política. Quedó meridianamente claro a través de las políticas lingüísticas aplicadas por los gobiernos del País Valencià y las Illes Balears, territorios autónomos que, con una lengua y unas raíces históricas comunes a las de Catalunya, eran reivindicados por el independentismo catalán como partes de una nación única, Països Catalans. Los gobiernos del PP en estas dos comunidades hicieron de la lucha contra la unidad de la lengua catalana causa preferencial, lo que en Catalunya se entendió inequívocamente como continuidad del «genocidio cultural» perpetrado por España durante el régimen franquista: así en las Illes Balears, donde en 2004 entró en servicio el Institut d'Estudis Baleàrics, con competencias sobre la lengua autóctona, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde desde 1998 la creación de la Acadèmia de la Llengua Valenciana había señalado ya el comienzo de una nueva fase en la escalada de intromisiones políticas dirigidas a institucionalizar el secesionismo lingüístico y proclamar el valenciano como una lengua distinta al catalán, lo que retardó hasta 2002 la entrada en servicio de la nueva institución. En los años siguientes, las políticas lingüísticas aplicadas en estas comunidades fueron una mera confirmación de aquellos propósitos, que se concretaron en unos planes de educación especialmente discriminatorios para su lengua vernácula.

Rubricando el camino emprendido por el PP en el País Valencià y les Illes respecto al catalán, esa política adquiriría tintes marcadamente bufos en Aragón, donde en 2013 sus Cortes regionales aprobaron, bajo la mayoría del PP y con el apoyo del Partido Aragonés Regionalista (PAR), una Ley de Lenguas que derogaba la anterior, de 2009, y cambiaba el nombre del catalán hablado en las comarcas limítrofes con Catalunya (las de la Franja «oriental» o «de Ponent») por la denominación administrativa de «Lengua aragonesa propia del área oriental», lo que bajo el acrónimo de las siglas LAPAO daría lugar a una rica variedad de chanzas y chistes, sin menoscabo de la gravedad de un articulado legislativo que se dirigía a acabar con el catalán en esa franja aragonesa (que, según las estadísticas de dicha comunidad, en 2003 era hablado por la mitad de sus 60.000 habitantes) mediante la imposición de usos normativos propios para la neolengua y cambios en el modelo lingüístico que afectaban a sus planes de estudio, al profesorado y al régimen de protección oficial que se le dispensaba. El empecinamiento en los planes de españolización lingüística del PP (confesados por su propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuando en 2013 declararía en el Congreso que su proyectada nueva ley ministerial de Educación se proponía «españolizar a los niños catalanes») se cernía como una amenaza sobre la misma Catalunya, donde en el proceso recentralizador de esos años el gobierno del estado se disponía a poner fin al sistema de «inmersión lingüística» vigente en la enseñanza catalana por la ley de Normalización Lingüística de 1983, recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional en 2009: bestia negra de la ultraderecha españolista por el hecho de primar el uso del catalán en la escuela primaria.

Todos y cada uno de esos conflictos fueron interpretados inequívocamente en Catalunya como un agravio nacional que atentaba a su autogobierno y a sus señas de identidad culturales. El resultado inmediato se pudo ver en las siguientes elecciones autonómicas catalanas (16 de noviembre de 2003), que, cuatro meses antes de la convocatoria electoral del 14 de marzo de 2004, registraron un importante trasvase de votos de CiU (centro-derecha autonomista) al partido de centro-izquierda Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la única fuerza independentista catalana con representación parlamentaria: en esas elecciones autonómicas, ERC fue el partido que mayor crecimiento de votos tuvo, con lo que dobló de 11 a 23 escaños su representación parlamentaria y se convertía en la tercera fuerza política de Cataluña, un hecho que auguraba un viraje de la centralidad política catalana hacia el independentismo.

De momento, ERC se limitó a participar en la formación de un gobierno tripartito de izquierdas bajo la hegemonía del PSC-PSOE en Catalunya. La realización más destacada de ese gobierno fue la redacción de un nuevo estatuto autonómico que sería aprobado por el parlamento de Catalunya tras un largo proceso negociador (30-9-2005). La mera existencia de este gobierno serviría de pretexto para multiplicar el argumentario de la catalanofobia española, y en ese sentido el PP, encabezado por su secretario general Mariano Rajoy, emprendió el 31 de enero de 2006 una campaña de recogida de firmas que, bajo el lema «Tenemos derecho a opinar», sacó sus mesas petitorias a las calles y propuso un referéndum para someter el Estatuto de Cataluña al arbitrio de toda España. La pregunta planteada en su propuesta era: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos los ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?». La formalidad de la pregunta se perdía, sin embargo, en el reclamo con que se postulaba la firma de los transeúntes: «¿Quiere firmar contra Cataluña?». Junto con las adhesiones conseguidas a través de internet, el 25 de abril de 2006 el PP sometió a trámite en la Mesa del Congreso 4.020.000 firmas: se aseguraba así la fidelidad del voto procedente de los sectores más reaccionarios del nacionalismo español, aquellos que, una década más tarde, en pleno desafío independentista, le iban a disputar fuerzas políticas emergentes que en amplios medios catalanistas se consideraban a menudo rayanas en el fascismo, como Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's, nacido en 2005) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD, fundado en 2007), o abiertamente fascistas, como Vox (formado en 2013 por una escisión del PP), los cuales se erigirían en los nuevos cancerberos de la unidad nacional española. Desde luego, en 2000-2004 el PP de José María Aznar permanecía ajeno a lo que sucedía en Catalunya y seguía aventando el fuego de la fragua de Vulcano en que había convertido su mayoría absoluta.

[ Vegeu també: En torno a los atentados del 11-M en Madrid: [1] Proemio conclusivo (Para no ir a tientas) / [3] El PP ante los idus de marzo (La campaña electoral de 2004) / [4] In memoriam Catilina (El PP en la teoría de la conspiración) / El estado de las autonomías (1978-2012) / Transición económica neoliberal (1982-2012) / Sobre la bipolarización del voto en las elecciones del 9-M (2008) / Un sistema electoral bajo crítica / Apuntes sobre políticas nacionales en la UE: España 2002-2004 / España 1999-2001 ]