España 1999-2001

Lluís Cànovas Martí  /  10.12.2001

[ Vegeu també: Apuntes sobre políticas nacionales en la UE: España 2002-2004 ]

En la política española del período 1999-2001 cabe seguir la huella de varios procesos básicos: el afianzamiento electoral del Partido Popular (PP) allí donde ya gobernaba (incluida Galicia, donde Manuel Fraga emprendía a finales de 2001 su cuarta legislatura como presidente) y las primeras remodelaciones del gobierno de José María Aznar; la tregua unilateral de ETA y su posterior vuelta a las acciones armadas, que, en el contexto vasco, tuvo que hacer frente a unos niveles de aislamiento social sin precedentes e importantes reveses policiales, y en el internacional se estrelló luego contra la alianza antiterrorista surgida a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001; la crisis de liderazgo en el principal partido opositor, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que tuvo tres secretarios generales en poco más de dos años, pero finalmente pareció hallar un nuevo estilo en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero...

El proceso político español discurrió, además, sobre un escenario económico que a finales de 1999 parecía beneficiarse de las bonanzas de la globalización que soplaba en todo el mundo: en 2000, la economía española, con una tasa de crecimiento del PIB del 4,1 % (superior a la de los restantes países de la Unión Europea, salvo Irlanda), había dado muestras de una vitalidad sin precedentes, superando por primera vez en la historia del país la barrera psicológica de los cien billones de pesetas en el conjunto del ejercicio. Además, cuando en 2001 giraron vientos adversos para los negocios y se agitó el fantasma de la recesión, pareció remisa a seguir la marcha general: a finales de año, cuando en noviembre se reconoció que Estados Unidos había entrado técnicamente en recesión, y en Europa los signos de la desaceleración eran evidentes en todas partes, los vaticinios para España eran más positivos, con previsiones de crecimiento, que aunque revisadas a la baja, indicaban aún tasas de crecimiento del orden del 2 % para el siguiente ejercicio. En este contexto de pujanza, que en los años anteriores había dado lugar a un fenómeno de masas inédito para el país como fue la canalización del ahorro privado hacia las inversiones en renta variable (en las que participaron seis millones de familias españolas), estalló el caso Gescartera, sociedad de valores que hizo desaparecer no menos de 16.000 millones de pesetas de sus clientes: la mayor estafa financiera de la democracia. El escándalo implicó a instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), arrastró a la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, dejó maltrecha la imagen del ministro de Economía -Rodrigo Rato, firme candidato a la sucesión del presidente Aznar, que a finales de 2001 renovaba su promesa de no perpetuarse en el puesto- y fue objeto de una comisión parlamentaria para depurar responsabilidades políticas que, si existieron, fueron negadas por la mayoría popular en el dictamen emitido al final de dos meses de interrogatorios y debates que evidenciaron la continuidad del diálogo de sordos emprendido por la política española en las etapas precedentes.

Se trataba sin duda de una situación propiciada por la mayoría parlamentaria y su capacidad apisonadora, que dejaron una y otra vez malparadas las iniciativas ajenas y aquellas enmiendas que desvirtuaban el espíritu de las propuestas propias: ley de Extranjería, Plan Hidrológico Nacional (PHN), ley orgánica de Universidades..., por poner varios ejemplos de 2001 en los que el partido de gobierno contó, como en muchas otras ocasiones de menor fuste, con la inestimable ayuda de Convergència i Unió (CiU), la coalición nacionalista del presidente catalán Jordi Pujol, que, con el argumento explícito de mejorar las leyes que inevitablemente iban a ser impuestas, proporcionó parte del carácter consensual con que el mismo presidente Aznar había prometido gobernar al comienzo de la legislatura. El desgaste político para la derecha nacionalista catalana era evidente si se tiene en cuenta que algunas de estas leyes, como por ejemplo la del PHN, entraba en contradicción con los intereses de su propio electorado, que en las tierras del Ebro se movilizó activamente en contra del proyecto de ley y el trasvase de aguas previsto en su articulado. El señalado desgaste de CiU tenía, además, un coste político que ponían de relieve todas las encuestas: la capitalización del descontento por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, a la izquierda de CiU, trataba de arrastrar el electorado catalán hacia objetivos independentistas y, con un programa socialdemócrata, le disputaba de tú a tú el suyo propio al mismo Partido Socialista de Catalunya (PSC) y a los postcomunistas de Iniciativa per Catalunya (IC).

A diferencia de CiU, no cayó en la misma conducta colaboracionista la otra minoría nacionalista del estado, Partido Nacionalista Vasco (PNV), que muy atento a sus bases electorales mantuvo a machamartillo el pulso de sus discrepancias con el gobierno de Madrid en torno a lo que entendía que eran sus intereses en el País Vasco, hecho que propició la puesta en marcha de una estrategia de aislamiento por parte de su adversario, que entre otros éxitos logró que, en una artera maniobra de intoxicación, el PNV acabara siendo expulsado de la Internacional Demócrata Cristiana en la que figuraba como miembro fundador, aunque al final no pudo impedir que las elecciones autonómicas de mayo de 2001 dieran al PNV el triunfo de mayor amplitud de su historia, a pesar de haber sufrido la campaña más dura y descalificadora de cuantas ha habido en España. El PNV incorporó al nuevo gobierno vasco la fuerza minoritaria de los postcomunistas (Izquierda Unida, tercera fuerza política del estado, que a través de su fracción local, Ezker Batua, recuperaba el fuelle tras los sucesivos fracasos sufridos en todas las confrontaciones electorales anteriores) y, acaso en un guiño a sus bases, planteó el horizonte de la autodeterminación para el País Vasco, un desafío tal vez inasumible para el sentimiento unitarista español, pero en cualquier caso de todo punto inaceptable para la concepción del estado que encarnan Aznar y su partido.

Muy atento a marcar unas diferencias que en casi todos los grandes temas no suelen ir más allá de lo personal, en el PSOE avanzaba mientras tanto el debate interno sobre la reforma federal del estado (modelo de configuración territorial propuesto por el líder socialista catalán Pasqual Maragall como alternativa al estado de las autonomías) al que, a finales de año, con el aval de Rodríguez Zapatero, los sectores socialistas mayoritarios acordaron dar un nuevo empuje constitucional.

[ Vegeu també: Apuntes sobre políticas nacionales en la UE: España 2002-2004 ]