Soraya Sáenz de Santamaría, 16.12.2017

«En liquidació...» Cronología emérita de la represión en Catalunya 2017-2020

Cuando la razón de Estado retuerce y reinterpreta la Constitución, un estatuto, leyes; cuando se prescinde o modifica cualquier normativa que se le antoja contraria a sus intereses y propósitos; cuando las legítimas reivindicaciones de la ciudadanía son ignoradas sistemáticamente; cuando se arguye que esas reivindicaciones no están recogidas en el ordenamiento jurídico y que contravienen la legalidad existente... Cuando todo ello sucede y la represión policial, judicial y económica devienen la respuesta que sustituye a la política, eso que llaman Estado de Derecho solo es la expresión actualizada del viejo fascismo histórico que, atrincherado en las instituciones, no se resigna a desaparecer.

Lluís Cànovas Martí, 5.7.2020

Actualizado: 12.9.2020

El parlamento catalán crea una comisión para investigar la supuesta existencia de un plan de acción del estado contra el independentismo, la denominada Operación Catalunya. (8.3.2017)

El parlamento catalán aprueba una propuesta para crear una comisión que investigue la supuesta existencia de una Operación Catalunya, plan de acción del estado contra el independentismo. La votación se resuelve con 98 votos a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) y 22 abstenciones (Cs).

Se constituye la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya contra el independentismo (CIOC) con la participación inicial de todos los grupos de la cámara catalana. (21.4.2017)

Queda constituida en el Parlament de Catalunya la CIOC, con la participación de todos los grupos integrantes de la cámara. La comisión está presidida por Alba Vergès, diputada de Junts pel Sí en su condición de militante de Esquerra Republicana de Catalunya.

Conclusiones de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, con la aprobación unánime de sus actuales grupos integrantes, JxSí, CSQP y CUP. (29.8.2017)

Los tres grupos que permanecen en la comisión, JxSí, CSQP y CUP, aprueban por unanimidad todos los documentos de conclusiones presentados en la comisión. Los otros grupos participantes en la comisión al comienzo, PSC, PPC y C's, la abandonaron arguyendo diversas razones: el PSC se desvinculó de la comisión el 10 de mayo, después de que los grupos independentistas de la cámara (JxSí y CUP) vetaran todas las comparecencias de la Comissió d'Investigació sobre el «caso Vidal», referido al juez Santiago Vidal de la Audiencia Provincial de Barcelona, suspendido por el CGPJ porque estaba elaborando un borrador para una futura Constitución de Catalunya; el PPC abandonó la comisión el 22 de junio, alegando que los partidos independentistas hacían un uso partidista de la comisión; C's se sumó a PSC y PPC el 13 de julio, dejando de participar en los trabajos de la comisión al estimar que «se estaba desvirtuando la finalidad de aclarar los hechos y dilucidar responsabilidades políticas».

Las conclusiones de los dictámenes de los respectivos grupos aprobados en la comisión fueron:

El parlamento de Catalunya aprueba la ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya. (6.9.2017)

La ley del referéndum de Catalunya, presentada por las fuerzas políticas catalanas Junts pel Sí y CUP el pasado 4 de julio, es aprobada con 72 votos a favor (los votos de los diputados de ambas formaciones y el del diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (Catalunya Sí que es Pot, coalición en la que participa Podem). Los letrados del parlamento habían advertido que la admisión a trámite de dicha ley vulnerava la prohibición previa de la resolución interlocutoria emitida el19 de julio de 2016 por el Tribunal Constitucional. Amparada por esa resolución y por el dictamen jurídico de los letrados de la cámara, la oposición trata de impedir que se vote la ley, para lo cual se ciñe a la estrategia de filibusterismo parlamentario, poniendo sus distintos portavoces trabas a la aplicación del reglamento con el que la presidenta del parlamento, Carmen Forcadell, defiende agriamente la legitimidad de la decisión mayoritaria de la mesa de someterla a votación. Tras los argumentos procedimentales de los unionistas Fernández, Iceta, Carrizosa, Coscubiela, la independentista Rovira cierra cuatro horas de debate recordando que durante dos años han intentado inútilmente «poner este punto de debate en comisiones, tramitaciones, comisiones de estudio... en condiciones dignas para cumplir con el compromiso contraído con sus votantes respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación... y ahora estamos donde ustedes han querido, en las condiciones a las que nos han arrojado: no es lo que nosotros hubiéramos deseado, pero ¿dónde se pensaban que acabaríamos?, ¿creían que íbamos a dimitir de nuestra responsabilidad, de nuestro deber de representación política?: Estamos aquí porque ustedes así lo han querido». La trascendencia de la situación planteada desborda las formas de cortesía consuetudinarias entre parlamentarios, en la que Forcadell se convierte inevitablemente en bestia negra a batir a la que sus adversarios unionistas señalan ya como enemigo (bajo amenaza premonitoria de graves represalias futuras). En protesta por el procedimiento seguido, y ante la inevitabilidad del resultado de la votación, los diputados de la oposición (C's, PSC y PPC) se ausentan del hemiciclo renunciando al ejercicio del voto, tras dejar desplegadas en los escaños del PP banderas rojigualda que serán retiradas parsimoniosamente por la diputada Àngels Martínez (CSQP).

El Tribunal Constitucional español declara ilegal la ley de referéndum aprobada por el Parlamento catalán. (18.9.2017)

El pleno del Tribunal Constitucional declara por unanimidad la ilegalidad de la ley del referéndum aprobada por el parlamento de Catalunya el pasado 6 de septiembre.

Operación Anubis de la Guardia Civil contra la infraestructura logística del referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Catalunya para dentro de once días. (20.9.2017)

A primera hora de la mañana, la Guardia Civil pone en marcha una Operación Anubis en la que son registradas las sedes de las consejerías de Economía, Gobernación, Relaciones Institucionales, Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno autónomo catalán, así como algunas de sus dependencias. En el curso del operativo, que responde a una orden del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, son detenidos 14 altos cargos del gobierno autónomo de Catalunya y los responsables de algunas de las empresas colaboradoras en la preparación del referéndum.

Allanamiento y «rebelión tumultuaria» en la sede de Economía

Economia

El allanamiento policial de la sede de Economía y Hacienda, en la céntrica esquina barcelonesa de Rambla Catalunya con Gran Via, comienza a las ocho de la mañana y es objeto de una concentración ciudadana que en pocas horas deviene multitudinaria (estimada en unas 50.000 personas) y se prolonga hasta primeras horas de la noche, en una muestra de rechazo del operativo y de solidaridad con el gobierno catalán. Se significan los presidentes de Ómnium Cultural (Jordi Cuixart) y Asamblea Nacional Catalana (Jordi Sánchez), líderes cívicos del movimiento, que, como activistas, actúan en todo momento de mediadores ante las fuerzas del orden y, encaramados sobre el vehículo que al llegar la Guardia Civil aparcó frente a la puerta, apaciguan puntualmente los ánimos de los concentrados, tratan de poner fin a la concentración y organizan a última hora la apertura de un pasillo de voluntarios que asegure, a través del gentío, la salida de la comitiva judicial y de los guardias por la puerta. Sin embargo, la secretaria judicial, Montserrat del Toro, declarará luego que, «presa del miedo», huyó por la azotea teniendo que «escalar un muro». El carácter pacífico de la concentración, patente en las grabaciones videográficas de lo sucedido, será tergiversado en los informes y declaraciones policiales (coincidentes todos los testigos del cuerpo en el sonsonete del «odio en las miradas» lanzadas por los manifestantes) y judiciales (el muro, por ejemplo, un simple tabique de apenas medio metro de altura) aportados como pruebas de un presunto delito de rebelión en el posterior juicio que se seguirá contra los principales líderes independentistas (véanse los días del juicio: 12.2.2019-14.10.2019) i que revestirá el carácter de una «causa general contra el independentismo».

Siete horas de asedio policial a la sede central de la CUP.

foto Asedio policial a la sede nacional de la CUP en la calle Caspe (Barcelona, 20.9.2017) (Foto, Manolo García.)

A la una de la tarde, varios agentes de policía vestidos de paisano y con pasamontañas, ven impedida la entrada a la sede central de la CUP en la barcelonesa calle Caspe, donde se proponían requisar material de propaganda relacionado con el referéndum del 1 de octubre. A la espera de una orden judicial de entrada y registro que finalmente no llega, la Policía Nacional despliega durante más de siete horas un dispositivo de asedio al local, cortando la circulación en el tramo comprendido entre las calles Cerdeña y Marina. Con las horas, la concentración creciente de cupaires y simpatizantes, estimada en torno a las dos mil personas, rodea en un ambiente de firmeza y festiva determinación las furgonetas policiales y levanta una barrera humana para impedir la entrada a la sede. Como la orden judicial no llega, la policía finalmente se retira. La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, desconvoca la concentración: «Hemos ganado la batalla», dice.

Referéndum de autodeterminación de Catalunya: triunfa la opción independentista pese a la brutalidad policial y se abre el debate sobre la oportunidad de proclamar la República Catalana. (1.10.2017)

Triunfa la opción independentista en el referéndum de autodeterminación de Catalunya, pese a la brutalidad de la acción policial ejercida por el gobierno español contra quienes acuden a votar. Organizada la consulta por el gobierno catalán de Carles Puigdemont en base a leyes que el gobierno español no reconoce y que fueron aprobadas por la mayoría parlamentaria independentista (72 de sus 135 escaños), la ciudadanía catalana es duramente reprimida por fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policia Nacional enardecidas en su tierra al grito del «¡A por ellos!» y trasladadas al efecto a Cataluña. Según los registros de Sanidad, la acción causa 1.066 heridos entre la ciudadanía que acude a los 2.243 colegios electorales habilitados y que mediante la resistencia pasiva no violenta trata de proteger las urnas frente a la requisa policial. Especialmente grave es el caso de Roger Español, que pierde un ojo por el impacto de una pelota de goma que la Policía Nacional dispara haciendo uso de un proyectil prohibido en Cataluña desde 2014. [ Las imágenes de la violencia ejercida contra los votantes queda recogida en numerosos vídeos. ]

Distribuidas las urnas clandestinamente días antes por las redes de resistencia ciudadanas (entre otras por los Comitès de Defensa del Referèndum, CDR), habían pasado inadvertidas para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y para el resto de fuerzas del orden, que en los días previos trataron inútilmente imagede encontrarlas y registraron imprentas, bloquearon webs, requisaron material y propaganda, sobres y papeletas, programas informáticos, intervinieron correo, el centro de comunicaciones y diversas dependencias de la Generalitat, detuvieron a responsables políticos... [Sobre el tema, véase el libro de Laia Vicens y Xavi Tedó, Operació urnes, Columna, Barcelona, 2017].

El gobierno español de Mariano Rajoy anuncia al mediodía que la logística del referéndum ha sido abortada. Sin embargo, el referéndum, boicoteado asimismo por los partidos unionistas PP, C's y PSC, se impone como un hecho fáctico. Triunfa la opción independentista (2.044.038 síes, 90,2% del voto válido), frente a quienes la rechazan (177.547 noes, 7,8%) y 44.913 votos en blanco. El gobierno del presidente catalán hará valer esos resultados y el impacto que la violencia policial causa en la opinión pública europea para tratar de llevar el conflicto al terreno de la mediación internacional. Mientras, en el bloque político transversal que ha hecho posible la consulta (la derecha nacionalista, PDdCat, el centro-izquierda socialdemócrata, ERC, y la izquierda anticapitalista, CUP) se debate el momento y la oportunidad de proclamar la República Catalana, en la efervescencia de una agitación que el día 3 incluye una huelga general de amplio seguimiento.

La vicepresidenta de gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se mofa del independentismo catalán y se jacta de que el gobierno del PP lo ha descabezado y puesto «en liquidació». (16.12.2017)

En una cena-mitin celebrada en Girona ante cien comensales con motivo de la campaña para las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se jacta de que su partido ha «descabezado el independentismo catalán». Haciendo gala de un repertorio de muecas y gestos de autocomplacencia bufa, asegura que el Diplocat (intervenido por el gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del art. 155 de la Constitución) se llama ahora «Diplocat en liquidació». [Véase el vídeo que encabeza esta cronología.] En su alocución, Santamaría asegura: «Nuestro voto vale en Girona el doble, para que gane el PP y para que pierda la CUP». Sin embargo, su candidato en la demarcación gerundense, el ultraderechista Xavier García Albiol, no consigue el escaño de marras, que será para la candidata de la CUP, la anticapitalista Natàlia Sànchez.

Informe 2017 de discriminaciones lingüísticas: Prou de catalanofòbia de la Plataforma per la Llengua denuncia 26 casos de graves discriminaciones lingüísticas de los poderes públicos contra catalanohablantes. (21.11.2018)

La Plataforma per la Llengua, organización no gubernamental de defensa de la lengua catalana, hace público su Informe de discriminaciones lingüísticas de 2017: Prou de catalanofobia, en el que, como en sus anteriores informes sobre la legislación lingüística española, constata que «el estado español aprueba, de forma regular y continuada, normas que privilegian al castellano respecto a las otras lenguas habladas en su territorio. La Plataforma ha denunciado reiteradamente que esta actividad legislativa solo es posible porque la propia Constitución española trata a las diferentes lenguas del estado con una asimetría absoluta. [...] En este sentido, el artículo 3 de la Constitución consagra un marco supremacista de regulación de las lenguas.

»Por un lado, este artículo constitucional instaura el castellano, la lengua nativa de una de las poblaciones del estado, como la única lengua oficial de la Administración general y limita la oficialidad de los otros idiomas nativos a las administraciones autonómicas, en las que el castellano también será oficial. Contrasta vivamente con el ordenamiento de otros estados plurilingües, como Bélgica, Canadá o Suiza, donde las lenguas de los distintos grupos lingüísticos son igualmente oficiales de la administración general --con algunos matices en Suiza, donde el romance tiene un estatuto inferior al de las otras tres lenguas oficiales--, mientras que en las instancias administrativas inferiores solo son oficiales las lenguas autóctonas de sus respectivos territorios.

»Por otro lado, el artículo 3 de la Constitución también es discriminatorio cuando hace del castellano la única lengua de conocimiento obligado para todos los ciudadanos del estado, con independencia de si viven en territorios donde esta lengua es la tradicional de la población, o no. [...] Los castellanohablantes tienen derechos en todos los puntos del territorio del estado, pero no los catalanohablantes; si todo el mundo tiene que saber castellano, todo el mundo puede pedir a un funcionario que se le dirija en castellano, pero no al revés.

»Asimismo, la ideología supremacista de la que hablamos [..] es ampliamente compartida y fomentada por los cuerpos funcionariales y las instituciones del estado. Numerosos trabajadores públicos se identifican con una visión nacionalista del estado en la que el catalán solo puede tener, como mucho, un papel secundario. [...] [Un hecho que da lugar a] que se produzcan todo tipo de abusos y discriminaciones contra los ciudadanos que hablan catalán y que quieren hacer uso de sus derechos lingüísticos».

En el Informe 2017 la Plataforma per la Llengua documenta 26 casos de graves discriminaciones, vejaciones y abusos ejercidos por servidores públicos contra la ciudadanía catalana en una expresión de la catalanofobia que anida entre algunos sectores del españolismo militante y que suele ser especialmente beligerante entre las fuerzas de seguridad (en 2007-2017, las fuerzas de seguridad encabezaron el ránquin entre las distintas instituciones del estado, con 70 casos, la mayoría de veces ciudadanos que se les dirigieron en catalán, e incluso fueron detenidos por ello). Son solo una parte de los incontables abusos que en ese sentido sufre una ciudadanía catalana que, en silencio y con resignación, para soslayar el conflicto, en la mayoría de ocasiones renuncia al ejercicio y la defensa de sus derechos.

El PSOE gana las elecciones legislativas españolas, que dan el vuelco a la mayoría parlamentaria del PP. En Cataluña, triunfa la independentista ERC, y en Euskadi el PNV. (28.4.2019)

El partido socialista (PSOE), liderado por el presidente de gobierno Pedro Sánchez, obtiene el 28,6% de los votos y 123 escaños (38 más que en la anterior legislatura) en unas elecciones legislativas adelantadas tras el rechazo al presupuesto de 2019 presentado por los socialistas. El PP, con Pablo Casado como nuevo líder, obtiene el 16,7% de los votos y 66 escaños (lo que supone la pérdida de 71 de sus 137 escaños). Les siguen Ciudadanos (15,8%, 57 escaños, que gana 25), y Unidas Podemos (13,4%, 33 escaños, que pierde 26). La ultraderechista Vox (10,2%) entra en el Congreso por primera vez, con 24 escaños), la independentista ERC (3,9%) alcanza su máxima representación histórica en el Congreso (15 escaños), al ser la fuerza más votada en Cataluña (24,6%); en el País Vasco, gana el nacionalista PNV (31%, 6 escaños). Fracasará el intento de formar un gobierno de coalición de izquierdas con Unidas Podemos (UP), señalado al comienzo como socio preferente y rechazado a la postre por Sánchez ante la exigencia de carteras ministeriales planteada por el líder podemita, Pablo Iglesias.

Público revela que el jefe de la célula islamista de Ripoll era confidente del CNI hasta el día del atentado de Las Ramblas. (15-30.7.2019)

Ve la luz el primero de los cinco artículos de la serie «La verdad sobre el imán de Ripoll», que el periodista Carlos Enrique Bayo publica entre los días 15 y 30 de julio en el diario Público. En ese primer artículo, bajo el título «El cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia hasta el día del atentado», expone que Abdelbaki es-Satti (conocido a través de la prensa como «el imán de Ripoll») fue dado de baja y borrado del fichero de fuentes del CNI el día 18. Explica que Es-Satti se comunicaba con un agente del servicio secreto español mediante la técnica de «buzón muerto» ideada por Osama Bin Laden y adoptada luego por los servicios de espionaje internacionales (esa técnica consiste en escribir borradores de correo electrónico que no se envían y que el interlocutor consulta directamente en el mismo buzón, al que tiene acceso mediante las correspondientes claves de usuario y password, con lo que el mensaje evita la circulación por la red y la posibilidad de que sea detectado por terceros). Según las capturas de pantalla que muestra Público, esta técnica se usó hasta por lo menos dos meses antes de que la célula de Ripolll atentara en Las Ramblas.

El Tribunal Supremo español condena a penas que suman un siglo a los nueve principales acusados por el referéndum de independencia de Catalunya. (5.11.2019)

El Tribunal Supremo, presidido por el juez Manuel Marchena, dicta su primera sentencia por el delito de sedición contra nueve de los acusados en el «Caso procés» contra el independentismo catalán. El vicepresidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, es condenado a 13 años de cárcel; cinco de sus consejeros lo son a penas entre doce y diez años y medio; la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, a 11 años y medio. Los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de las entidades Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, respectivamente, a nueve años de prisión cada uno. Todos ellos lo son, a su vez, a penas de inhabilitación de la misma duración que la pena de cárcel que se les impone. Los observadores enviados al juicio por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH, que agrupa a 184 organizaciones con presencia en 112 países) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (EuroMedRights) denuncian que el juicio no fue justo. [Para el análisis que lleva a semejante conclusión, véase .] Por su parte, el gobierno español les niega la consideración de presos políticos que les dan las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Entre estas, se cuentan el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que en su informe sobre el caso (29 de mayo de 2019) señalaba como arbitrarias las detenciones de Cuixart, Sánchez y Junqueras (los tres presos que denunciaron su caso ante esa instancia de la ONU) y exigía su inmediata puesta en libertad; Human Rights Watch, que denunciará esas condenas, llevadas a cabo «con insuficiente base legal», y pedirá la libertad de los presos políticos catalanes en su Informe anual de 2020 (14 de enero de 2020); Amnistía Internacional, que en su informe de ese mismo año (13 de mayo de 2020) reclamaba también la libertad «inmediata» de los Jordis (Cuixart y Sánchez); en el mismo sentido se pronunciaba el relator de la ONU por la libertad de expresión, David Kaye (27 de mayo de 2020).

Repetición de las elecciones legislativas españolas, que revalidan la victoria del PSOE, aunque con un margen de ventaja menor que el que obtuvo en abril. (10.11.2019)

Se repite la convocatoria electoral de las elecciones legislativas españolas después de que el vencedor en la convocatoria del 29 de abril, Pedro Sánchez, fracasara en las negociaciones para la formación de gobierno con el que declaraba su socio preferente, Unidas Podemos. Los podemitas tenían entonces 33 escaños (7 más que los 26 actuales) pero en aquel momento Sánchez rechazó el acuerdo ante la exigencia de carteras ministeriales planteada por el líder de UP Pablo Iglesias para el futuro gobierno de coalición que no fue: ahora el PSOE, con 120 escaños, pierde tres de los obtenidos en abril, mientras que el PP de Pablo Casado acorta distancias y lidera la derecha con 89 escaños (23 más que en abril); Ciudadanos se precipita en la debacle (pasa de 47 a 10 escaños) y sus votos de abril alimentan a la ultraderechista Vox, que casi duplica resultados (pasando de 26 a 53 escaños). En ambas ocasiones, la ausencia de la mayoría absoluta necesaria para gobernar hace pender la posibilidad de investidura de Sánchez del voto independentista catalán, aquello que el líder socialista trataba de evitar. En cualquier caso, los independentistas catalanes consiguen su máxima presencia en el Congreso: 23 escaños (ERC, 13; Junts per Catalunya, del exiliado Carles Puigdemont, 8, y 2 para la CUP, que no se había presentado nunca a estas elecciones), después de que la campaña de todas las fuerzas españolas (salvo la de UP) se focalizara en la aplicación de severas medidas preventivas contra la amenaza independentista catalana.

La investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente da paso a la formación del primer gobierno de coalición de la democracia española. (7/1/2020)

En una segunda votación muy ajustada del Congreso (167 síes, 165 noes y 18 abstenciones; 13 de estas correspondientes a Esquerra Republicana de Catalunya), el líder socialista español, Pedro Sánchez, obtiene la mayoría simple necesaria para ser investido presidente del primer gobierno de coalición de la democracia. El nuevo gobierno será dado a conocer en los días siguientes y estará formado por 17 miembros del PSOE (Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera como vicepresidentas, y 14 ministros) y cinco de Unidas Podemos (Pablo Iglesias como vicepresidente y cuatro ministros), entre los cuales, también por primera vez, dos miembros del Partido Comunista (Yolanda Díaz, en Trabajo, y Alberto Garzón, en Consumo).

Alfonso Guerra declara que la mesa de diálogo que exige ERC al gobierno socialista no es más que un «burladero». (1.5.2020)

El ex vicepresidente del gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra, declara en Radio 4 que la mesa de diálogo y negociación entre el gobierno y la Generalitat es un «burladero de no saber qué hacer», meras «florituras de políticos que no tienen competencias para resolver los problemas». Añade que «ni por la legislación existente ni por la forma de ser» se puede dar respuesta a la causa de los independentistas, porque no habrá solución hasta que estos «digan la verdad: que no va a haber independencia de Catalunya», puesto que la independencia es imposible.

La CIA norteamericana desclasifica un documento de 1984 que señala al líder socialista Felipe González, a la sazón presidente de España, como promotor de los GAL. (13-23.6. 2020)

La Central Inteligence Agency (CIA) desclasifica su documento «España: terrorismo vasco y respuesta gubernamental», cursado en 1984 por uno de sus agentes, que informa: «Felipe González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas». A propósito de esta información, el día 15 el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu solicita la comparecencia de González ante el Congreso y anuncia que trabajará para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre los GAL. Los servicios jurídicos de la cámara rechazan citar a González, pero no la apertura de la anunciada comisión, a la que el expresidente español podría acudir como compareciente. El 23 de junio, la Mesa del Congreso rechazará, sin embargo, la propuesta de comisión sobre el terrorismo de estado de los GAL, que solo obtiene el voto a favor de los miembros de Unidas Podemos, y por contra el voto mayoritario negativo de los miembros de PSOE, PP y Vox.

Una entrevista al abogado Jaume Alonso-Cuevillas desvela importantes contradicciones del sumario instruido por la Audiencia Nacional sobre los atentados de agosto de 2017 (caso 17-A) en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils. (24.6.2020)

La publicación en Vilaweb de una entrevista a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Francisco Javier Martínez Espínola (padre del niño de Rubí muerto en el atentado del día 17 en Las Ramblas), descubre incongruencias en la instrucción judicial llevada a cabo por el juez José Luis Calama de la AudienciaNacional sobre los atentados de agosto de 2017, que permiten conjeturar que el imán de Ripoll (Abdelbaki es-Satti, confidente del CNI y jefe de la célula yihadista a la que se atribuyen aquellos atentados de Barcelona y Cambrils, y dado por muerto en el sumario) no murió el día 16 en las explosiones del chalet de Alcanar donde la célula fabricaba sus explosivos. En la entrevista Cuevillas informa de que se ha demandado la revocación del sumario en base a indicios que hacen pensar que Es-Satti podria seguir vivo, por la existencia de lagunas importantísimas: el testimonio de vecinos que vieron a Es-Satti abandonar el lugar al volante de su furgoneta tras la explosión; su móvil, con llamadas, también posteriores, de hasta tres minutos; la ruptura de la cadena de custodia de los dos perfiles genéticos aislados por los forenses in situ. Estos perfiles (uno de Iosef Aalla, a partir de los restos biológicos hallados en un cascote de las ruinas del chalet, fue identificado por las muestras de ADN de sus hermanos; otro, supuestamente de Es-Satti, por la coincidencia del ADN de una chilaba caqui (y de una talla notablemente superior a la de Es-Satti) hallada en la casa del imán, y el de una lata de Coca-cola encontrada en su furgoneta (a la que por otra parte accedió mucha gente). Los restos fueron entregados a los biólogos y depositados en el banco de datos (ADIS); en este, la chilaba fue singularizada por su color gris, distinto al que se recogió en el primer informe. La cadena de custodia policial se había roto, afirma Alonso-Cuevillas: «no se podía asegurar de quién era ese ADN»... A instancias de los Mossos d'Esquadra, la policía española acabó mandando una comisión rogatoria a Marruecos para recabar el ADN de la familia de Es-Satti: ese ADN no llegó a Madrid, los policías se desentienden y los marroquíes concluyen en un informe de un folio y medio que el ADN de la madre, un hermano y la hija mayor de Es-Satti cotejado con las muestras recibidas el 25 de agosto permiten concluir que el segundo perfil genético es el de Es-Satti. Alonso-Cuevillas se pregunta: «¿el 25 de agosto quién mandó qué?»: ni los biólogos catalanes, ni los españoles pidieron en ningún momento que se enviara nada a Marruecos. Estas irregularidades son obviadas por el juez Camala, que en el sumario da finalmente por muerto al confidente Es-Satti del CNI. Preguntado el abogado sobre si Es-Satti podria seguir vivo y que le hayan dado otra identidad, asegura que podría ser, pero que en ningún caso lo puede afirmar.

Òmnium Cultural presenta ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el rey emérito Juan Carlos I. (3.7.2020-5.8.2020)

Con una campaña contra la Monarquía, la entidad catalana Òmnium Cultural emprende la denuncia de los «poderes del Estado» mediante una querella contra el rey emérito Juan Carlos I por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal; la entidad promotora de la iniciativa anuncia, en una rueda de prensa, que se propone pedir al gobierno de Suiza el bloqueo de los fondos de las cuentas bancarias que Juan Carlos tiene en ese país. Recuerda, además, el papel descaradamente anticonstitucional jugado por la Corona española el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI brindó todo su apoyo a la política represiva ejercida contra la población catalana que cuarenta y ocho horas antes había acudido a los colegios electorales para ejercer el derecho al voto en un referéndum sobre la independencia de su país que había sido declarado ilegal. El 2 de agosto, el Tribunal Supremo anuncia la designación de Manuel Marchena como juez encargado de decidir sobre la admisión a trámite de la querella. Como recuerda Òmnium, Marchena es el magistrado que presidió el alto tribunal que juzgó y condenó a los presos políticos independentistas a cien años de cárcel (entre ellos, a nueve años Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural) y que acaba de suspender la aplicación del tercer grado a sus condenas tras modificar, al efecto, el reglamento penitenciario. Tras anunciarse la huida de España de Juan Carlos I (3 de agosto), el juez Marchena rechaza (5 de agosto) adoptar las medidas cautelares demandadas por Òmnium Cultural contra el rey emérito, porque no prevé la adopción de medidas cautelarescontra alguien que no tiene la condición de investigado.

Se denuncia el uso ilegal de Pegasus, un ciberprograma-espía israelí utilizado en España contra la oposición independentista catalana. (14-30.7.2020)

Una investigación de El País y The Guardian, avalada por la agencia de ciberseguridad canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto, descubre que los teléfonos móviles de políticos catalanes como los del presidente Quim Torra, el del presidente del parlamento autonómico Roger Torrent y el de la exdiputada Anna Gabriel (miembros de las formaciones independentistas parlamentarias Junts x Cat, Esquerra Republicana de Catalunya y Candidatura d'Unitat Popular, respectivamente) han sido jaqueados, junto con los de otros 130 «representantes de la sociedad civil», mediante un programa Pegasus que la empresa israelí NSO Group vende solo a gobiernos y cuerpos de seguridad para la lucha contra el crimen y el terrorismo. España figuraría como cliente de la empresa desde 2015, cuando, bajo el gobierno del Partido Popular (con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como principales responsables políticos en las áreas específicas de inteligencia y seguridad) entró en acción una supuesta y nunca reconocida existencia de una «policía patrótica» y se puso en marcha una siempre desmentida Operación Cataluña contra el independentismo. Trasciende que en 2019 un fallo de seguridad de WhatsApp permitió a NSO Group aplicar el programa Pegasus para sus clientes a 1.400 terminales telefónicas del mundo. Ahora el gobierno socialista y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del estado declaran desconocer el caso objeto de denuncia; tampoco la Fiscalía emprende acciones al respecto, como correspondería al ministerio público. El día 27, dos de los espiados, Torrent y otro miembro de su partido, Ernest Maragall (líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona y hermano del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall), denunciarán el caso en una carta dirigida al relator de derechos humanos de Naciones Unidas (David Kaye), a la comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa (Dunja Mijatovic) y a la secretaría de Amnistía Internacional. El día 30, ambos políticos presentan ante los juzgados de Barcelona una querella por presunto espionaje e intrusión no autorizada e intercepción ilegal de comunicaciones contra Félix Sanz Roldán, quien era «máximo responsable del CNI» cuando se produjeron los hechos ahora denunciados.

Zaklin Nastic, diputada alemana del Bundestag, pide que se emita una orden europea de detención contra Juan Carlos I. (5.8.2020)

Zaklin Nastic, diputada del partido Die Linke en el Bundestag, pide que la justicia emita una orden europea de detención contra el rey emérito español, Juan Carlos I: «Ahora veremos si la justicia española es democrática y políticamente imparcial. Esperamos una euroorden de detención contra el antiguo rey. Al fin al cabo, también emitieron una contra Carles Puigdemont por un referéndum cuando era el presidente electo».

Concordia Real Española denuncia al vicepresidente catalán, Pere Aragonés, por llamar «organización criminal» a los Borbones. (5-14.8.2020)

So capa de defensa institucional del rey Felipe VI (que a tenor de sus prolongados silencios parece decidido a no responder a las supuestas injurias a la Corona), la nueva entidad Concordia Real Española se estrena denunciando ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional al vicepresidente catalán Pere Aragonès, que se refirió a los Borbones como «organización criminal», a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y a la portavoz del Bloque Nacional Galego, Ana Pontón, que acusó de «corrupta» a la monarquía española. Concordia Real Española quedó inscrita ad hoc en el registro de asociaciones el pasado 31 de julio y está presidida por Atocha de Alós, que fue gerente de la Fundación Casas Históricas y Singulares. La Fiscalía archivará el caso el día 14 al estimar que las declaraciones denunciadas se amparan en la libertad de expresión.

Un estudio del Laboratorio de Economía Aplicada de la UB concluye que el déficit de inversión de Fomento ha restado 9,8 puntos al crecimiento del PIB catalán en el período 2002-2017. (7.8.2020)

El Laboratorio de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona constata que el grado de ejecución de las inversiones presupuestadas para Catalunya fue del 74,8% en los quince años del período 2002-2017, mientras que, en el resto de España, la ejecución presupuestaria para el mismo período fue notablemente más elevada y alcanzó el 85,1%. En términos absolutos, esa diferencia de 10,9 puntos desfavorable para las ejecuciones de obra en Catalunya (equivalentes a 23.820 millones de euros) representan un «coste de oportunidad acumulado» y perdido que habría lastrado al PIB catalán: en 2,6 puntos, si el grado de ejecución hubiese sido como en el resto de España; en 5,4 puntos en el supuesto de que se hubiese ejecutado todo lo presupuestado, y en 9,8 puntos si la inversión hubiese sido en función del peso de Catalunya en el conjunto de la economía española.

La Audiencia Nacional cierra la instrucción de los atentados de agosto de 2017 (caso 17-A), tras rechazar las diligencias que pedía el abogado Alonso-Cuevillas. (7.8.2020)

La Audiencia Nacional cierra la instrucción judicial de los atentados cometidos en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils los días 17 y 18 de agosto de 2017, y lleva a juicio a tres presuntos responsables: Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir, en cuanto miembros de organización terrorista, y Said Ben Lazza en su condición de colaborador. En total, murieron siete miembros de la célula yihadista responsable (dos fallecidos en las explosiones del chalé de Alcanar y, abatidos por los Mossos d'Esquadra, otros cinco, entre ellos Younes Abouyaaqoub, causante del atropello mortal de 16 personas y de los 169 heridos en Las Ramblas).

El juez instructor, José Luis Calama, y la Fiscalía rechazan analizar los supuestos vínculos del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, con el CNI. Al efecto, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, defensor de una de las víctimas, solicitaba investigar la cuenta que Es-Satty utilizaba como «buzón muerto» y, entre otros testimonios rechazados, el del subdirector general de Instituciones Penitenciarias, Javier Nistral Buron, a propósito de las cuatro entrevistas que Es-Satty mantuvo con miembros del CNI y de la Policía Nacional cuando en 2012-2014 cumplía condena en la cárcel de Castelló por tráfico de drogas (una condena que, una vez cumplida, comporta siempre para los extranjeros la expulsión del país y que en el caso de Es-Satty no se llevó a cabo); asimismo, se rechaza investigar si éste fue confidente de la Guardia Civil en la Operación Chacal contra el yihadismo, en la que en enero de 2006 Es-Satty figuraba entre los 20 detenidos, pero su nombre se escurrió de la lista de los que fueron juzgados. Ahora, el juez Calama considera que las diligencias solicitadas «no resultan relevantes ni necesarias para la investigación de los hechos y responsabilidad criminal de las personas procesadas en el sumario».

Sesión de control parlamentario al gobierno: a una pregunta sobre la «guerra sucia» en Euskadi responde, con una escueta comunicación escrita, que «en España no hay terrorismo de estado». (12.8.2020)

Por toda respuesta a la información solicitada reiteradamente por el diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu, sobre los crímenes no esclarecidos del Batallón Vasco-Español, la Triple A y los GAL, el gobierno de Pedro Sánchez responde con una escueta nota: «En relación con la información solicitada, se señala que en España no hay terrorismo de estado». En una pregunta anterior, del 21 de mayo, la respuesta que recibió Iñarritu había sido más genérica: «la investigación de los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables es una de las funciones encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... Se seguirán llevando a cabo todas las investigaciones para el esclarecimiento de todos aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito...».

A instancias de C's, la Fiscalía Anticorrupción investiga si la CUP sufragó el referéndum del 1-O con los fondos públicos asignados a su grupo parlamentario. (24.8.2020)

El diario Ara da a conocer que la Fiscalía Anticorrupción abrió en enero las diligencias de una causa contra la CUP por un posible delito de malversación de los fondos públicos que le fueron asignados en 2017. La formación anticapitalista expuso ya ese año en el Parlament el informe sobre la contabilidad específica de las subvenciones recibidas, en el que no ocultaba la dedicación de partidas de «publicidad, propaganda y relaciones públicas» destinadas a potenciar la celebración del referéndum del 1-O. Ahora, la Fiscalía apunta a la partida de 168.666,63 euros que la CUP destinó a promover el voto afirmativo de ese día. Ese informe habría inspirado en el partido C's la posibilidad de judicializar el caso, lanzando la especie de una supuesta corrupción del partido anticapitalista, para lo que instó a la Sindicatura de Cuentas a que llevara a cabo «una fiscalización específica en el término máximo de seis meses», recordando que las asignaciones a los grupos parlamentarios no se pueden destinar, en ningún caso, «a sufragar actividades ilícitas», como califican «el referéndum ilegal del 1-O» en una interpretación sesgada por su ideología. Según Lluc Salellas, portavoz en 2018 del secretariado nacional de la CUP, esta causa corrobora «el carácter represor del régimen del 78... y abre una nueva puerta a la persecución de las organizaciones políticas»,

Desaparece de la plataforma Amazon Prime Video el documental La estafa de Andorra, sobre las consecuencias que para Andorra acarreó la Operación Catalunya lanzada por España contra el independentismo catalán. (29.8.2020)

La estafa de Andorra (2020), documental del director norteamericano Eric Merola sobre las actuaciones de la Operación Catalunya en Andorra, desaparece de la plataforma Amazon Prime Video, que lo difundía entre sus suscriptores. En las horas siguientes, el documental pasa a ser accesible en abierto a través de la plataforma Youtube: un cambio de servidor que publicita su visionado gracias a la sospecha de que ha habido una censura informativa en forma de presión del estado español. En dos horas de metraje, el reportaje desgrana el procedimiento de intervención, cierre y venta fraudulenta de una de las cuatro entidades bancarias andorranas, la Banca Privada de Andorra (BPA), objeto de la extorsión de los servicios secretos españoles, que para descabezar el independentismo catalán ha tratado de conseguir, en principio sin éxito, datos de supuestas cuentas bancarias de algunos de sus líderes políticos: Oriol Junqueras, Artur Mas, Jordi Pujol. De estos, solo Pujol tuvo cuentas abiertas en BPA, como mínimo en el período 2010-2014.

La venganza de la policía española ante la resistencia del banco a la extorsión habría logrado sus propósitos con la mediación de Estados Unidos al aportar pruebas falsificadas de delitos cometidos por la BPA, entre otros, el delito de lavado de dinero.

El 10 de marzo de 2015 la BPA fue intervenida a instancias de la agencia FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro de Estados Unidos, bajo la acusación de blanquear dinero procedente del crimen organizado: la medida se ampara en la Ley Patriótica estadounidense de octubre de 2001, que concede carta blanca de actuación a sus servicios secretos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, «para proteger el sistema financiero mundial»: el FinCEN es el instrumento con el que puede cerrar cualquier banco del mundo mediante un simple comunicado de prensa de su Sección 311. El FinCEN habría usado las falsas pruebas de lavado de dinero aportadas por los servicios patrióticos encargados de la Operación Catalunya. El cierre y venta de la BPA, asociado por algunos medios al lavado de dinero procedente de la droga del cártel de Sinaloa, deja decenas de clientes con las cuentas bloqueadas y una larga lista de trabajadores bancarios de la entidad pendientes de un juicio en el que la fiscalía pide largas penas de cárcel. La estafa de Andorra da detallada y polémica cuenta de todo ello.