cua a un col·legi electoral

La incorporació massiva de la població indígena al procés polític bolivià ha esdevingut la peça clau dels èxits del president Evo Morales. A la imatge, cua a un col·legi electoral en ocasió del referèndum amb què la oposició tractava de revocar el mandat presidencial. (10.8.2008)

«Volveré, y seremos millones»
(Indigenismo y crisis revocatoria en Bolivia)

Lluís Cànovas Martí / 15.8.2008

[ Vegeu també: Ley Helms-Burton: España y la UE ante el bloqueo de Cuba / Venezuela, políticamente incorrecta / La primera mitad del siglo XIX / América Latina: escepticismo y esperanza / Honduras, una democracia de patio trasero; bipartidismo y alternancia en la oligarquía hondureña / La encrucijada cubana ]

Bolivia ocupó en 2008 el centro del escenario político en el que parecía dirimirse el futuro de la izquierda latinoamericana. En ésta el gobierno boliviano se alineaba con su principal foco de referencia, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), constituida a finales de 2004 por Cuba y Venezuela, en oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que patrocina Estados Unidos conforme a los postulados de la globalización neoliberal en curso.

Las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005 habían dado una mayoría absoluta del 53 % de los votos a Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), que se presentó con un programa fundamentado en dos ejes básicos: la nacionalización de los recursos energéticos propiedad de las compañías transnacionales y una reforma agraria dirigida a redistribuir los latifundios agropecuarios entre el campesinado pobre, en su práctica totalidad indígena. Tras asumir el poder el 22 de enero de 2006 y dirigir sus primeras medidas a la consecución de estos objetivos, Morales se colocó en el ojo del huracán del sistema de dominación continental cuando el 29 de abril hizo de Bolivia el tercer país miembro de ALBA. El proyecto del llamado «socialismo del siglo XXI» promovido a través de ALBA trataba de incorporar a la vida política del subcontinente a los sectores sociales tradicionalmente marginados, lo que en el caso de Bolivia significaba en torno a un 52 % de sus gentes, correspondientes a los poco más de 4,5 millones de indígenas de una población que en 2006 se acercaba a los nueve millones.

El primer éxito de la oposición boliviana frente al gobierno central fue la aprobación de los estatutos de autonomía en aquellos departamentos de la llamada «media luna oriental» en que sus candidatos habían obtenido las prefecturas. Estos estatutos, planteados como contrapoder al estado central -que los denunció como una iniciativa ilegal que rompía la unidad del país-, fueron refrendados entre mayo y julio de 2008 mediante referendos populares. Menos efectiva fue la siguiente iniciativa opositora de envergadura: el referéndum de revocación presidencial convocado en agosto para lograr el cese del ejecutivo. Los efectos políticos de este referéndum tuvieron que aquilatarse a los de los referendos sobre la continuidad de los prefectos, que a su vez el gobierno planteó como réplica en la misma convocatoria. Los resultados fueron contemplados por el mundo como la prueba de fuego del disenso básico que dividía la sociedad boliviana desde la llegada del nuevo gobierno. Aunque las claves de esa división se remontan a los mismos tiempos de la colonización.

El insurreccionalismo indígena en la historia

La exclusión indígena no significó nunca la aceptación del statu quo, sino que antes bien fue el resultado de una derrota histórica. El sistema social boliviano era una pervivencia del régimen colonial impuesto por los españoles en el siglo XVI sobre la base de una elite blanca, de lengua castellana y costumbres europeas. Los conquistadores impusieron un sistema de explotación campesina basado en las encomiendas (luego, haciendas) y en las mitas de las explotaciones mineras, que diezmaron la población y provocaron rebeliones constantes: comenzaron con la de Tupac Amaru I, centrada en el virreinato del Perú en el mismo siglo XVI, y concluyeron a finales del XVIII con la de su descendiente Tupac Amaru II, descuartizado vivo por los españoles, y la del panadero Tupac Katari, quien según la tradición sentenció antes de ser ejecutado: «Volveré, y seremos millones». A diferencia de las anteriores revueltas, tuvieron estas últimas un carácter de levantamiento general acorde con una estrategia de paciente asedio a las ciudades que los aymara pusieron a prueba a lo largo de siglos, hasta el mismo XXI (como sucedería en los asedios a La Paz en la llamada «guerra del gas» de 2003 o para reivindicar las nacionalizaciones en 2005, acciones decisivas en la creación del clima que posibilitó el triunfo electoral de Morales), y se proponían conseguir un territorio liberado bajo gobierno indígena, por lo que la historiografía las considera los primeros movimientos independentistas del imperio. Las luchas posteriores incorporaron masivamente los indígenas a los ejércitos independentistas, pero ya en pos de objetivos ajenos, dirigidos siempre por la minoría criolla, la nueva clase emergente.

Tras la independencia, en 1825, tendría lugar un proceso de expolio de las tierras comunales que en sólo veinte años del siglo XIX las redujo desde ser la mitad de las tierras productivas del país a menos de una tercera parte. Las revueltas contabilizadas entre 1861 y 1940 fueron unas 2.000, reprimidas todas por el ejército, que iba a convertirse en pieza fundamental en la estructuración racista de la sociedad y en el eficaz seguro de un poder que se ejerció a través de los sucesivos golpes de estado militares. Aunque el insurreccionalismo indígena siempre fue un ingrediente de la realidad social boliviana, su protagonismo desaparecería en las décadas siguientes subsumido en el sindicalismo minero de la Central Obrera Boliviana (COB). Hasta que, en plena aplicación de las políticas neoliberales, la caída en 1986 del precio del estaño dio la oportunidad de poner fin a la influencia del COB en la vida del país. Siguiendo el ejemplo del gobierno británico de Margaret Thatcher, que utilizó la caída del precio del carbón y el cierre de minas para doblegar a las Trade Unions, el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) despidió al 75 % de la plantilla de la empresa minera estatal (27.000 mineros empujados con sus familias a la emigración) e impuso el estado de sitio y el confinamiento de sus cuadros en la selva: la reforma estructural de la actividad extractiva boliviana pasó así a convertirse en un modelo de cumplimiento de las directrices neoliberales emanadas del FMI y el BM.

El repunte rebelde del Ejército Guerrillero Tupac Katari en la Bolivia de 1990, que, a diferencia de los intentos foquistas de las tres décadas precedentes (como el de la guerrilla del Che, de 1967), trató de armar a las comunidades indígenas y provocar un levantamiento popular, concluyó con la reintegración de sus dirigentes a la vida política nacional a través del MAS o del Movimiento Indígena Pachakuti: Katari había vuelto, pero esta vez acabó solo.

La batalla de la Asamblea Constituyente

A comienzos del siglo XXI, el principal escenario en el que se dirimió el disenso boliviano fue la Asamblea Constituyente encargada de aprobar una nueva Constitución, para la que en julio de 2006 fueron elegidos 255 diputados. A pesar de que el MAS obtuvo la mayoría absoluta de la cámara, no consiguió los dos tercios necesarios para aprobar por sí solo la carta magna, de modo que ésta pasaba a depender de unos acuerdos con las fuerzas opositoras que la radicalización general del proceso hizo difícilmente viables. El problema se centró, en primer lugar, en el acuerdo sobre el procedimiento a seguir para la aprobación de los artículos, establecido finalmente en el requisito del voto favorable de dos tercios de los asambleístas, en cuyo defecto los puntos de disenso deberían ser sometidos a referéndum popular: la aprobación del redactado del primero de los artículos necesitó nueve meses; el conjunto de sus 411 artículos se aprobó el 30 de noviembre de 2007 (previamente se había ampliado el plazo del procedimiento de aprobación, para burlar el éxito de la estrategia de obstrucción opositora, que logró demorar su marcha y halló un mecanismo idóneo en los enfrentamientos surgidos de la doble capitalidad La Paz-Sucre), con el voto exclusivo de 164 constituyentes, ya que los diputados de la oposición pertenecientes al Consejo Nacional por la Democracia (Conalde) optaron finalmente por ausentarse con objeto de boicotearla y declarar el «desconocimiento de la constitución del MAS» (una estrategia que no siguieron los diputados de Unidad Nacional, que permanecieron en el pleno). Consecuentemente, la promulgación del nuevo texto constitucional quedó sometida al veredicto de dos referendos previos: uno de carácter «dirimidor», que afectaba a un grupo de artículos referidos a la tenencia de tierras en explotaciones agropecuarias de más de 5.000 hectáreas (es decir, los latifundios), y otro que debía pronunciarse a favor o en contra del conjunto de la Constitución. De acuerdo con los propósitos del gobierno, se trataría de que, una vez conocidos los resultados, la Asamblea Constituyente pudiera aprobar el texto constitucional resultante con los dos tercios de los presentes en la cámara y no con los dos tercios del total de los presentes, como, en congruencia con la posición mantenida hasta el momento, exigía la oposición de Conalde.

La naturaleza indigenista de la nueva Constitución, que declaraba el carácter plurinacional de Bolivia, el modelo rural comunitario propio de los indígenas y los niveles autonómicos departamental, regional, municipal e indígena, se reflejaba, por ejemplo, en el reconocimiento de una treintena de las lenguas autóctonas del país (en especial el quechua y el aymara, hablados por las etnias mayoritarias andinas, con poblaciones de 2,5 y 1,6 millones de habitantes, respectivamente), que se equiparaban en sus respectivos ámbitos departamentales al uso oficial del español.

El protagonismo geopolítico boliviano tenía que ver tanto con su condición de segundo país productor de hidrocarburos del continente (detrás de Venezuela), que fueron nacionalizados el 1 de mayo de 2006, como con el rechazo que en la oligarquía local provocó la llegada al gobierno de esa mayoría indígena víctima histórica de exclusión. El origen aymara del mismo Morales era todo un símbolo de la nueva situación, en la que también su condición de propietario de una plantación cocalera -y la de presidente de seis federaciones de productores cocaleros del Chapare- aparecía como una garantía de defensa de ese cultivo tradicional indígena, frente a la política de erradicación de la planta que preconizan Naciones Unidas y la Dirección de Control de Drogas (DEA) estadounidense. En el tumultuoso contexto de este conflicto de intereses, la confusión habitual entre el consumo de hoja de coca (práctica indígena ancestral de carácter ritual, y complemento alimentario) y los procesos químicos empleados por el narcotráfico para la síntesis de la cocaína pasaba a ser un argumento de la propaganda que trataba de vincular al nuevo gobierno con el crimen organizado.

El papel que en el enfrentamiento político actual jugaban los símbolos remitía a los orígenes de la conquista: suprematismo blanco entre la oposición e intento de deshispanizar desde el gobierno. Entre la oposición, la estrofa del himno autonómico de Santa Cruz que ensalza «la España grandiosa», la adopción del escudo otorgado por Felipe IV a esta ciudad en 1636, el escudo con la coraza y el morrión de los conquistadores en la Tarija autónoma, el rechazo a la enseñanza obligatoria de las lenguas indígenas.; en el gobierno, la consideración de la conquista como genocidio, la colocación de la bandera indígena whipala al nivel de la enseña boliviana, los rituales indígenas en las ceremonias oficiales.

El referéndum revocatorio

El 10 de agosto el referéndum revocatorio planteó al electorado: «¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?». El resultado de la consulta fue 2.103.872 de votos afirmativos (67,41 %) y 1.017.037 de votos negativos (32,59 %), por lo que fortaleció la posición de Morales, que superaba ampliamente el porcentaje que en 2005 le llevó al poder y, además, con medio millón de votos más que los que obtuvo en aquella ocasión. La misma pregunta referida a la continuidad de los prefectos se planteó al electorado de ocho de los nueve departamentos (ya que el de Chuquisaca, Savino Cuéllar, acababa de ser elegido apenas dos meses antes). El resultado fue revocatorio en el caso de dos opositores: José Luis Paredes (La Paz) y Manfred Reyes Villa (Cochabamba), que obtuvieron 64,52 % y 64,81 % de votos negativos, ante los cuales el segundo, desafiante, se negó a dimitir, aunque finalmente cedió a esa exigencia el día 12. Por el contrario, fueron ratificados los dos prefectos oficialistas de Oruro y Potosí, y los cuatro prefectos de los departamentos de la oposición: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Según la izquierda progubernamental, no sólo se ratificaba la continuidad del binomio presidencial, sino que éste obtuvo una mayoría de dos tercios del electorado y, además, la distribución del voto a la primera pregunta indicaba un claro ascenso del apoyo a Morales en los departamentos más populosos: La Paz (que concentra una tercera parte de la población boliviana, del 66,6 al 82,8 %), Oruro (del 62,5 al 82,9 %), Potosí (del 57,8 al 83,9 %), Cochabamba (del 64,8 % al 70,9 %) y Chuquisaca (del 54,1 al 56,8 %). Por el contrario, la oposición, que pasaba por alto sus resultados adversos en La Paz y Cochabamba, cargaba las tintas en el hecho de que la marea gubernamental no había podido revocar los mandatos de sus prefectos, de donde deducía que los resultados daban un impulso a sus reivindicaciones autonómicas.

La mayoría de analistas estimaba que la ambigüedad de los resultados mantenía la tensa crisis abierta por la llegada de Morales al poder. En medios indígenas, la sentencia premonitoria de Katari era evocada como una garantía de triunfo.

[ Vegeu també: Ley Helms-Burton: España y la UE ante el bloqueo de Cuba / Venezuela, políticamente incorrecta / La primera mitad del siglo XIX / América Latina: escepticismo y esperanza / Honduras, una democracia de patio trasero; bipartidismo y alternancia en la oligarquía hondureña / La encrucijada cubana ]

Lluís Cànovas Martí, «"Volveré, y seremos millones" (Indigenismo y crisis revocatoria en Bolivia)» Síntesi dels articles escrits per al web Ocenet del Grupo Editorial Océano, Barcelona, 2008, y Larousse 2000 (Actualización 2009), Editorial Larousse, Barcelona, 2009