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En los últimos días se ha difundido la idea de que existe un apoyo internacional abrumador al plan marroquí para el Sáhara Occidental, con cifras que hablan de más de 120 países o de reconocimientos recientes en bloque. Este tipo de afirmaciones, repetidas con frecuencia en redes sociales y algunos medios, no resisten un análisis basado en datos verificables.
El primer elemento que conviene aclarar es qué se entiende por “apoyo” y qué implica realmente en términos jurídicos y diplomáticos. En el ámbito internacional, reconocer la soberanía de un Estado sobre un territorio es un acto formal, explícito y jurídicamente significativo. En el caso del Sáhara Occidental, ese reconocimiento solo ha sido realizado por un país: Estados Unidos, en diciembre de 2020. Ningún otro Estado ha adoptado una decisión equivalente. Este dato no es una interpretación, sino un hecho comprobable en la práctica diplomática internacional.
Frente a ello, se citan habitualmente declaraciones de distintos gobiernos que califican el plan de autonomía marroquí como “serio”, “creíble” o “una base para la negociación”. Es el caso de España, Alemania, los Países Bajos o Francia. Sin embargo, el lenguaje diplomático utilizado en estos comunicados evita cuidadosamente cualquier referencia al reconocimiento de soberanía. No se trata de un matiz menor: significa que esos Estados no han modificado su posición jurídica sobre el estatus del territorio.
La cifra de “120 países” procede, precisamente, de una confusión entre niveles de posicionamiento muy distintos. Se suman en una misma categoría Estados que han expresado un apoyo político genérico, otros que simplemente respaldan una solución negociada bajo el marco de Naciones Unidas, y muchos que no han adoptado ninguna posición pública clara. No existe ningún organismo internacional —ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea, ni ninguna institución multilateral— que haya publicado una lista que respalde esa cifra.
Uno de los datos más relevantes —y que rara vez se menciona en este tipo de afirmaciones— es el comportamiento real de los Estados en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año, este órgano adopta resoluciones sobre descolonización que incluyen expresamente al Sáhara Occidental. En ellas se reafirma de manera sistemática el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y se mantiene el territorio en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.
Estas resoluciones se aprueban por amplias mayorías o por consenso, lo que implica la participación de una gran parte de los Estados miembros de Naciones Unidas. Ninguna de ellas reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio ni avala su integración. Este dato es particularmente significativo porque refleja posiciones formales y públicas de los Estados en un marco institucional. Si existiera un apoyo mayoritario a la soberanía marroquí en los términos que se difunden, ese respaldo se habría trasladado necesariamente a estas votaciones. Sin embargo, no ha ocurrido.
El caso africano permite introducir otro elemento objetivo. La República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana. Esto implica reconocimiento institucional, participación en las estructuras de la organización y relaciones diplomáticas activas con varios Estados del continente. Este hecho, verificable y vigente, resulta difícil de conciliar con la idea de un alineamiento mayoritario de África con la posición marroquí.
A ello se suma el marco jurídico internacional, que no ha experimentado cambios sustanciales. El Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. En la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado en varias sentencias que el territorio es separado y distinto de Marruecos. Estas posiciones no son declaraciones políticas coyunturales, sino referencias jurídicas consolidadas.
Por otra parte, el reconocimiento de la República Saharaui por parte de más de ochenta Estados a lo largo del tiempo forma parte de los registros diplomáticos existentes, con independencia de que algunos países hayan suspendido o modificado su posición en determinados momentos. Este elemento tampoco suele incorporarse cuando se presentan cifras globales sobre apoyos internacionales.
El problema de fondo no es la existencia de posiciones diferentes —algo habitual en cualquier conflicto internacional—, sino la construcción de una narrativa que presenta como homogéneo un escenario que es, en realidad, complejo y fragmentado. Equiparar el respaldo político a una propuesta con el reconocimiento de soberanía conduce a conclusiones que no se corresponden con los hechos.
El conflicto del Sáhara Occidental sigue abierto y sujeto a dinámicas diplomáticas cambiantes. Pero hay un dato que permanece estable: no existe un reconocimiento internacional generalizado de la soberanía marroquí sobre el territorio. Cualquier análisis que pretenda partir de cifras agregadas sin distinguir su naturaleza jurídica introduce más confusión que claridad.
[Artículo publicado originalmente en No te olvides del Sahara Occidental]
Hoy, 4 de mayo de 2026, varias informaciones publicadas en la prensa española apuntan en una misma dirección: el Sáhara Occidental entra en una fase de intensa actividad diplomática en la que no solo se reactivan contactos entre las partes, sino que también se empieza a discutir el papel futuro de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
El contexto no es menor. Treinta y cinco años después de su creación, la misión de la ONU —concebida originalmente para organizar un referéndum de autodeterminación— se encuentra en pleno proceso de revisión estratégica. Las consultas celebradas a finales de abril en el Consejo de Seguridad, junto con la visita de responsables del Departamento de Operaciones de Paz a la zona, apuntan a un intento de adaptar la MINURSO a una realidad política muy distinta a la de 1991.
Sin embargo, la cuestión de fondo es qué significa realmente esa “adaptación”.
Según diversas informaciones, Estados Unidos estaría impulsando una reconfiguración de la MINURSO que incluiría la reducción de efectivos y una redefinición de sus funciones. No sería un cambio técnico, sino político: consolidar el paso de una misión orientada a un referéndum a un dispositivo de observación en un escenario donde la consulta de autodeterminación ha desaparecido de facto del horizonte inmediato.
Esta evolución no se produce en el vacío. Coincide con la intensificación de la mediación estadounidense, que en las últimas semanas ha incluido contactos directos con Marruecos y Argelia y la preparación de una nueva ronda de negociaciones prevista para este mismo mes en Washington.
El objetivo declarado es acelerar una solución política tras décadas de bloqueo. Pero el marco sobre el que se construye ese impulso es significativo: la autonomía bajo soberanía marroquí aparece cada vez más como referencia central en determinadas propuestas, alejándose del esquema clásico de autodeterminación.
En paralelo a este movimiento, han circulado en algunos medios informaciones sobre posibles propuestas relacionadas con los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Entre ellas, la hipótesis de un eventual traslado de población hacia zonas situadas al este del muro militar marroquí.
No existe confirmación oficial de estas iniciativas, y su origen remite en gran medida a fuentes vinculadas al entorno mediático marroquí. Sin embargo, su aparición no es irrelevante. Más que describir un plan concreto, estas informaciones parecen formar parte de una dinámica más amplia en la que el conflicto se reconfigura también en el plano narrativo.
En este sentido, la cuestión no es tanto si esas propuestas están sobre la mesa, sino por qué aparecen en este momento.
La coincidencia entre la revisión de la MINURSO, la reactivación de contactos diplomáticos y la circulación de propuestas sobre el terreno apunta a un mismo proceso: el intento de redefinir el marco político del Sáhara Occidental.
Ese intento tiene varias dimensiones. Por un lado, desplazar el eje del debate desde el derecho de autodeterminación hacia soluciones consideradas “realistas” o “pragmáticas”. Por otro, introducir elementos que modifiquen la realidad sobre el terreno —ya sea en términos institucionales, poblacionales o de control— para consolidar un determinado escenario.
En este contexto, el papel de Estados Unidos resulta determinante. Su implicación directa en las conversaciones y su capacidad de influencia sobre los actores regionales le sitúan como un actor central en esta fase. Pero esa implicación no es neutral: responde a intereses estratégicos más amplios en el norte de África y el Sahel.
A pesar de estos movimientos, hay un elemento que permanece constante. El Sáhara Occidental sigue siendo, según Naciones Unidas, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. El derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue reconocido en el marco jurídico internacional.
La cuestión es si el proceso en marcha busca hacer efectivo ese derecho… o sustituirlo por otro tipo de solución.
La combinación de actividad diplomática, revisión institucional y construcción de relato sitúa al conflicto en un momento especialmente sensible. No hay aún resultados concretos, pero sí indicios de que se está intentando abrir una nueva fase.
Más que ante una solución, el Sáhara Occidental parece encontrarse ante un intento de redefinición.
Y en ese proceso, lo que está en juego no es solo el futuro de una misión de la ONU, sino el propio marco en el que se pretende resolver —o cerrar— el conflicto.
[Artículo publicado originalmente en No te olvides del Sahara Occidental]
En los últimos días, varios medios han presentado el papel de Estados Unidos en el Sáhara Occidental como una “mediación” destinada a reactivar el diálogo entre las partes. Se habla de nuevas rondas de negociación, de contactos diplomáticos y de una supuesta oportunidad para desbloquear un conflicto que lleva décadas sin resolverse.
Sin embargo, esta lectura simplifica —y en buena medida distorsiona— lo que realmente está ocurriendo. Porque cuando se analizan los hechos, lo que emerge no es una mediación neutral, sino una implicación directa orientada a condicionar el resultado del proceso.
Estados Unidos no solo impulsa las reuniones, sino que fija el marco en el que deben desarrollarse. Y ese marco tiene un elemento central: la propuesta de autonomía marroquí como base de la solución. No se trata de una opción entre otras, sino del punto de partida sobre el que se pretende construir cualquier acuerdo, lo que altera desde el inicio el equilibrio del proceso.
En este sentido, el exembajador argelino Abdelaziz Rahabi ha descrito con claridad esta dinámica al señalar que el objetivo de la actual implicación estadounidense es “transferir la soberanía del pueblo saharaui hacia la de su ocupante”, en un contexto marcado por la urgencia política y desconectado de los marcos previos de negociación impulsados por Naciones Unidas.
A ello se suma la presión diplomática sobre Argelia, considerada un actor clave para forzar avances en el proceso, así como una movilización diplomática más amplia en apoyo del plan marroquí de autonomía que responde menos a su credibilidad jurídica que al efecto de arrastre generado por decisiones políticas previas, en particular el reconocimiento estadounidense de 2020.
En paralelo, el papel de Naciones Unidas aparece progresivamente diluido. Lejos de reforzar su función como garante del proceso de autodeterminación, la dinámica actual apunta a una reducción de su margen de actuación, en un contexto en el que la propia MINURSO es objeto de revisión sin que se aborde el núcleo de su mandato original.
El resultado es un desplazamiento del conflicto: de un proceso de descolonización basado en el derecho internacional hacia un escenario geopolítico en el que priman los equilibrios estratégicos y las alianzas regionales.
El problema de fondo, sin embargo, no ha cambiado. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui sigue reconocido por la comunidad internacional. Sustituir ese principio por una solución predefinida no resuelve el conflicto: lo redefine en términos que difícilmente pueden considerarse equilibrados.
Cuando una de las partes define las condiciones, los tiempos y el resultado aceptable, no estamos ante una mediación. Estamos ante un intento de imponer un marco.
[Artículo publicado originalmente en No te olvides del Sahara Occidental]
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