«En liquidació...» (Cronología emérita de la represión en Catalunya, 2017-2020

Cuando la razón de Estado retuerce y reinterpreta la Constitución, un estatuto, leyes; cuando se prescinde o modifica cualquier normativa que se le antoja contraria a sus intereses y propósitos; cuando las legítimas reivindicaciones de la ciudadanía son ignoradas sistemáticamente; cuando se arguye que esas reivindicaciones no están recogidas en el ordenamiento jurídico y que contravienen la legalidad vigente... Cuando todo ello sucede y la represión policial, judicial y económica devienen la respuesta que sustituye a la política, eso que llaman Estado de Derecho solo es la expresión actualizada del viejo fascismo histórico que, atrincherado en las instituciones, no se resigna a desaparecer.

Lluís Cànovas Martí, 5.7.2020

Espanya té un projecte repressor per Catalunya, i no l'ha abandonat. Tota aquesta maquinària i força enorme per fer fake news, dossiers inventats de la Guàrdia Civil, ¿no han estat capaços de posar-la al servei d'una solució democràtica a un clam indiscutible del poble de Catalunya? Quatre anys després la resposta és 'no'. I ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou de concedir més temps perquè es malbarati. Es pot donar tot el temps que calgui si se'n treu profit, però si és un temps per malbaratar hi hem de dir prou. Arribem a aquest punt que s'acaba la paciència i que som al final de l'espera.

Carles Puigdemont, 9.9.2021

Actualizado: 13.9.2021

2017

El parlamento catalán crea una comisión para investigar la supuesta existencia de un plan de acción del estado contra el independentismo, la denominada Operación Catalunya. (8.3.2017)

El parlamento catalán aprueba una propuesta para crear una comisión que investigue la supuesta existencia de una Operación Catalunya, plan de acción del estado contra el independentismo. La votación se resuelve con 98 votos a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) y 22 abstenciones (Cs).

Se constituye la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya contra el independentismo (CIOC) con la participación inicial de todos los grupos de la cámara catalana. (21.4.2017)

Queda constituida en el Parlament de Catalunya la CIOC, con la participación de todos los grupos integrantes de la cámara. La comisión está presidida por Alba Vergès, diputada de Junts pel Sí en su condición de militante de Esquerra Republicana de Catalunya.

Conclusiones de la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, con la aprobación unánime de sus actuales grupos integrantes, JxSí, CSQP y CUP. (29.8.2017)

Los tres grupos que permanecen en la comisión, JxSí, CSQP y CUP, aprueban por unanimidad todos los documentos de conclusiones presentados en la comisión. Los otros grupos participantes en la comisión al comienzo, PSC, PPC y C's, la abandonaron arguyendo diversas razones: el PSC se desvinculó de la comisión el 10 de mayo, después de que los grupos independentistas de la cámara (JxSí y CUP) vetaran todas las comparecencias de la Comissió d'Investigació sobre el «caso Vidal», referido al juez Santiago Vidal de la Audiencia Provincial de Barcelona, suspendido por el CGPJ porque estaba elaborando un borrador para una futura Constitución de Catalunya; el PPC abandonó la comisión el 22 de junio, alegando que los partidos independentistas hacían un uso partidista de la comisión; C's se sumó a PSC y PPC el 13 de julio, dejando de participar en los trabajos de la comisión al estimar que «se estaba desvirtuando la finalidad de aclarar los hechos y dilucidar responsabilidades políticas».

Las conclusiones de los dictámenes de los respectivos grupos aprobados en la comisión fueron:

El parlamento de Catalunya aprueba la ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya. (6.9.2017)

La ley del referéndum de Catalunya, presentada por las fuerzas políticas catalanas Junts pel Sí (JxSí) y Candidatura d'Unitat Popular (CUP) el pasado 4 de julio, es aprobada con 72 votos a favor (los votos de los diputados de ambas formaciones y el del diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (Catalunya Sí que es Pot, coalición en la que participa Podem). Los letrados del parlamento habían advertido que la admisión a trámite de dicha ley vulneraba la prohibición previa de la resolución interlocutoria emitida por el Tribunal Constitucional el 19 de julio de 2016. Amparada por esa resolución y por el dictamen jurídico de los letrados de la cámara, la oposición trata de impedir que se vote la ley, para lo cual se ciñe a la estrategia de filibusterismo parlamentario, poniendo sus distintos portavoces trabas a la aplicación del reglamento con el que la presidenta del parlamento, Carmen Forcadell, defiende agriamente y cortante la legitimidad de la decisión mayoritaria de la mesa de someterla a votación. Tras los argumentos procedimentales de los unionistas Fernández, Iceta, Carrizosa, Coscubiela, la independentista Rovira cierra cuatro horas de debate recordando que durante dos años han intentado inútilmente «poner este punto de debate en comisiones, tramitaciones, comisiones de estudio... en condiciones dignas para cumplir con el compromiso contraído con sus votantes respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación... y ahora estamos donde ustedes han querido, en las condiciones a las que nos han arrojado: no es lo que nosotros hubiéramos deseado, pero ¿dónde se pensaban que acabaríamos?, ¿creían que íbamos a dimitir de nuestra responsabilidad, de nuestro deber de representación política? Estamos aquí porque ustedes así lo han querido». La trascendencia de la situación planteada desborda las formas de cortesía convencionales entre parlamentarios, y Forcadell aparece así como la bestia negra cuyos adversarios señalan ahora como enemigo a batir (y, entre las bancadas unionistas, el farfullo premonitorio que fía a la justicia la venganza). De momento, en protesta por el procedimiento seguido, y ante la inevitabilidad del resultado adverso de la inminente votación, los diputados de C's, PSC y PPC se ausentan del hemiciclo renunciando al ejercicio del voto: y los del PP dejan desplegadas en sus escaños banderas rojigualdas, que la diputada Àngels Martínez (CSQP) retirará parsimoniosamente ante las cámaras.

El Tribunal Constitucional español declara ilegal la ley de referéndum aprobada por el Parlamento catalán. (18.9.2017)

El pleno del Tribunal Constitucional declara por unanimidad la ilegalidad de la ley del referéndum aprobada por el parlamento de Catalunya el pasado 6 de septiembre.

Operación Anubis de la Guardia Civil contra la infraestructura logística del referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Catalunya para dentro de once días. (20.9.2017)

A primera hora de la mañana, la Guardia Civil pone en marcha una Operación Anubis en la que son registradas las sedes de las consejerías de Economía, Gobernación, Relaciones Institucionales, Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno autónomo catalán, así como algunas de sus dependencias. En el curso del operativo, que responde a una orden del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, son detenidos 14 altos cargos del gobierno autónomo de Catalunya y los responsables de algunas de las empresas colaboradoras en la preparación del referéndum.

Allanamiento y «rebelión tumultuaria» en la sede de Economía

El allanamiento policial de la sede de Economía y Hacienda, en la céntrica esquina barcelonesa de Rambla Catalunya con Gran Via, comienza a las ocho de la mañana y es objeto de una concentración ciudadana que en pocas horas deviene multitudinaria (estimada en unas 50.000 personas) y se prolonga hasta primeras horas de la noche, en una muestra de rechazo del operativo y de solidaridad con el gobierno catalán. Se significan los presidentes de Ómnium Cultural (Jordi Cuixart) y Asamblea Nacional Catalana (Jordi Sánchez), líderes cívicos del movimiento, que, como activistas, actúan en todo momento de mediadores ante las fuerzas del orden y, encaramados sobre el vehículo que al llegar la Guardia Civil aparcó frente a la puerta, apaciguan puntualmente los ánimos de los concentrados, tratan de poner fin a la concentración y organizan a última hora la apertura de un pasillo de voluntarios que asegure, a través del gentío, la salida de la comitiva judicial y de los guardias por la puerta. Sin embargo, la secretaria judicial, Montserrat del Toro, declarará luego que, «presa del miedo», huyó por la azotea teniendo que «escalar un muro». El carácter pacífico de la concentración, patente en las grabaciones videográficas de lo sucedido, será tergiversado en los informes y declaraciones policiales (coincidentes todos los testigos del cuerpo en el sonsonete del «odio en las miradas» lanzadas por los manifestantes) y judiciales (el muro, por ejemplo, un simple tabique de apenas medio metro de altura) aportados como pruebas de un presunto delito de rebelión en el posterior juicio que se seguirá contra los principales líderes independentistas (véanse los días del juicio: 12.2.2019-14.10.2019) i que revestirá el carácter de una «causa general contra el independentismo».

Siete horas de asedio policial a la sede central de la CUP.

A la una de la tarde, varios agentes de policía vestidos de paisano y con pasamontañas, ven impedida la entrada a la sede central de la CUP en la barcelonesa calle Caspe, donde se proponían requisar material de propaganda relacionado con el referéndum del 1 de octubre. A la espera de una orden judicial de entrada y registro que finalmente no llega, la Policía Nacional despliega durante más de siete horas un dispositivo de asedio al local, cortando la circulación en el tramo comprendido entre las calles Cerdeña y Marina. Con las horas, la concentración creciente de cupaires y simpatizantes, estimada en torno a las dos mil personas, rodea en un ambiente de firmeza y festiva determinación las furgonetas policiales y levanta una barrera humana para impedir la entrada a la sede. Como la orden judicial no llega, la policía finalmente se retira. La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, desconvoca la concentración: «Hemos ganado la batalla», dice.

Referéndum de autodeterminación de Catalunya: triunfa la opción independentista pese a la brutalidad policial y se abre el debate sobre la oportunidad de proclamar la República Catalana. (1.10.2017)

Triunfa la opción independentista en el referéndum de autodeterminación de Catalunya, pese a la brutalidad de la acción policial ejercida por el gobierno español contra quienes acuden a votar. Organizada la consulta por el gobierno catalán de Carles Puigdemont en base a leyes que el gobierno español no reconoce y que fueron aprobadas por la mayoría parlamentaria independentista (72 de sus 135 escaños), la ciudadanía catalana es duramente reprimida por fuerzas antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policia Nacional enardecidas en su tierra al grito del «¡A por ellos!» y trasladadas al efecto a Cataluña. Según los registros de Sanidad, la acción causa 1.066 heridos entre la ciudadanía que acude a los 2.243 colegios electorales habilitados y que mediante la resistencia pasiva no violenta trata de proteger las urnas frente a la requisa policial. Especialmente grave es el caso de Roger Español, que pierde un ojo por el impacto de una pelota de goma que la Policía Nacional dispara haciendo uso de un proyectil prohibido en Cataluña desde 2014. [ Las imágenes de la violencia ejercida contra los votantes queda recogida en numerosos vídeos. ]

Distribuidas las urnas clandestinamente días antes por las redes de resistencia ciudadanas (entre otras por los Comitès de Defensa del Referèndum, CDR), habían pasado inadvertidas para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y para el resto de fuerzas del orden, que en los días previos trataron inútilmente de encontrarlas y registraron imprentas, bloquearon webs, requisaron material y propaganda, sobres y papeletas, programas informáticos, intervinieron correo, el centro de comunicaciones y diversas dependencias de la Generalitat, detuvieron a responsables políticos... [Sobre el tema, véase el libro de Laia Vicens y Xavi Tedó, Operació urnes, Columna, Barcelona, 2017].

El gobierno español de Mariano Rajoy anuncia al mediodía que la logística del referéndum ha sido abortada. Sin embargo, el referéndum, boicoteado asimismo por los partidos unionistas PP, C's y PSC, se impone como un hecho fáctico. Triunfa la opción independentista (2.044.038 síes, 90,2% del voto válido), frente a quienes la rechazan (177.547 noes, 7,8%) y 44.913 votos en blanco. El gobierno del presidente catalán hará valer esos resultados y el impacto que la violencia policial causa en la opinión pública europea para tratar de llevar el conflicto al terreno de la mediación internacional. Mientras, en el bloque político transversal que ha hecho posible la consulta (la derecha nacionalista, PDdCat, el centro-izquierda socialdemócrata, ERC, y la izquierda anticapitalista, CUP) se debate el momento y la oportunidad de proclamar la República Catalana, en la efervescencia de una agitación que el día 3 incluye una huelga general de amplio seguimiento.

La mayoría independentista del parlamento catalán proclama la República Catalana en una resolución aprobada conforme al libre ejercicio del derecho de autodeterminación y el mandato de la ciudadanía expresado en el referéndum del 1 de octubre. (10.10.2017)

La mayoría independentista del parlamento autónomo catalán aprueba, con 70 votos a favor, diez en contra y dos votos en blanco, una declaración en la que se proclama la República Catalana como «Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Renuncian al ejercicio del voto de esa declaración los 53 diputados de C's, PP y PSC-PSOE, que se han ausentado previamente del pleno. En su intervención para dar a conocer el resultado de esa votación ante la ciudadanía y la consiguiente proclamación de la república, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asume «el mandato de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», pero en menos del minuto siguiente proclama «la suspensión de los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». La insólita fórmula de proclamación, seguida por miles de confusos ciudadanos que aguardaban ansiosos el histórico momento en el exterior de la sede parlamentaria, siembra la confusión inicial en torno a si realmente se ha declarado o no la independencia.

Y lo cierto es que la declaración de independencia y el voto que ha obtenido no quedan registrados en el parlamento, por lo que carecen de cualquier validez jurídica. No así de efectos políticos, que trascenderán en las horas siguientes tras los titubeos del presidente español, Mariano Rajoy, que al día siguiente (11.10.2017) pide a Puigdemont aclaraciones sobre el alcance de sus intenciones y le da dos plazos límite: el primero para que aclare (antes del día 16) sobre si él o alguna autoridad catalana había declarado la independencia de Cataluña, y el segundo (hasta el día 19) para que rectifique su actitud en caso de que la respuesta fuese positiva o no respondiese al requerimiento. Comoquiera que la ambigüedad de la respuesta de Puigdemont no le satisfizo, Rajoy activó el segundo plazo y se reafirmó en la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, contando con la aquiescencia de la oposición encabezada por el PSOE.

José Manuel Villarejo Pérez, excomisario de Policía jubilado y adscrito a la Secretaría de Estado de Interior como «agente encubierto», es detenido en la Operación Tándem y encarcelado como presunto autor de los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. (3.11.2017)

La detención del ex comisario José Manuel Villarejo durante la Operación Tándem de la Audiencia Nacional proporciona una serie de grabaciones que permitirán desmadejar los hilos de una trama de negocios corruptos realizada desde las «cloacas del estado». La detención del excomisario, facilitada por una denuncia anónima (atribuida más tarde a un exagente del CNI, David R. Vidal), se inscribe en el contexto de luchas intestinas que registra la cúpula policial, donde el director adjunto de la Policía, Eugenio Pino, enfrentado al director general Ignacio Cosidó, tuvo que mediar en las disputas entre Villarejo y Marcelino Martín-Blas, comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, quien en octubre de 2014 había llevado a cabo la detención del «pequeño Nicolás» (Francisco Nicolás Gómez Iglesias, un joven que, como «agente informal» de Villarejo en algunos lances de la Operación Catalunya, se hacía pasar por agente del CNI y adquirió gran popularidad mediática antes de acabar imputado por falsedad, estafa y usurpación de personalidad). En su mediación entre los comisarios, Cosidó optó por una solución salomónica que los dejó al margen de cualquier función operativa: Villarejo fue apartado de su puesto de confianza en la Dirección General a comienzos de abril de 2015 y enviado a la Unidad de Recursos Humanos de la Policía (dos datos que Villarejo niega haciendo uso del derecho de rectificación en Público , el diario que publicó la noticia), mientras que unos días después, el día 6 del mismo mes, Martín-Blas era destinado, como asesor de Cosidó, al Consejo Asesor de la Policía.

En la hoja de servicios de Villarejo consta que ingresó en el Cuerpo de Policía con un destino en la comisaría de San Sebastián (1972-1975, donde habría participado en la lucha antiterrorista contra ETA), en la Prefectura de Madrid (1976) y en la Comisaría General de Información, infiltrado, entre otras organizaciones políticas, parece ser que en el PCE. A partir de 1983, Villarejo se tomó una excedencia de diez años en los que creó hasta 46 empresas de seguridad dedicadas al espionaje y a la utilización de archivos oficiales y dossieres personales, confeccionados en sus funciones policiales y utilizados para filtrar informes sobre escuchas ilegales, relacionar al juez Baltasar Garzón con orgías y el narcotráfico o declarar contra los policías en favor del traficante de armas sirio Monzer al-Kassar (residente en Marbella desde 1984), una actividad que, además de pingües ganancias (en una primera valoración se estimaron en 16 millones de euros), le reportó la enemistad de sus compañeros. Villarejo se reincorporó al cuerpo policial en 1993, según él como «agente encubierto» de la Secretaría de Estado de Interior.

La vicepresidenta de gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se mofa del independentismo catalán y se jacta de que el gobierno del PP lo ha descabezado y puesto «en liquidació». (16.12.2017)

En una cena-mitin celebrada en Girona ante cien comensales con motivo de la campaña para las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se jacta de que su partido ha «descabezado el independentismo catalán». Haciendo gala de un repertorio de muecas y gestos de autocomplacencia bufa, asegura que el Diplocat (Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, intervenido por el gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del art. 155 de la Constitución) se llama ahora «Diplocat en liquidació». [Véase el vídeo que encabeza y da título a esta cronología.] En su alocución, Santamaría asegura: «Nuestro voto vale en Girona el doble, para que gane el PP y para que pierda la CUP».

Sin embargo, su candidato en la demarcación gerundense, el ultraderechista Xavier García Albiol, no consigue el escaño de marras, que será para la candidata de la CUP, la anticapitalista Natàlia Sànchez.

Tampoco se cumple a pie juntillas su vaticinio de pitonisa respecto a la liquidación del Diplocat, que pese a las adversidades del cierre impuesto por Rajoy y su PP en octubre --cuando la diplomacia catalana tenía abiertas siete «embajadas» en el extranjero--, duplicaba holgadamente un año después su presencia en el mundo con 15 delegaciones exteriores, en Beirut, Berlín, Bruselas, Buenos Aires, Estocolmo, Ginebra, Lisboa, Londres, México, Roma, Tallin, Túnez, Viena, Washington, Zagreb...

2018

Informe 2017 de discriminaciones lingüísticas: Prou de catalanofòbia de la Plataforma per la Llengua denuncia 26 casos de graves discriminaciones lingüísticas de los poderes públicos contra catalanohablantes. (21.11.2018)

La Plataforma per la Llengua, organización no gubernamental de defensa de la lengua catalana, hace público su Informe de discriminaciones lingüísticas de 2017: Prou de catalanofobia, en el que, como en sus anteriores informes sobre la legislación lingüística española, constata que «el estado español aprueba, de forma regular y continuada, normas que privilegian al castellano respecto a las otras lenguas habladas en su territorio. La Plataforma ha denunciado reiteradamente que esta actividad legislativa solo es posible porque la propia Constitución española trata a las diferentes lenguas del estado con una asimetría absoluta. [...] En este sentido, el artículo 3 de la Constitución consagra un marco supremacista de regulación de las lenguas.

»Por un lado, este artículo constitucional instaura el castellano, la lengua nativa de una de las poblaciones del estado, como la única lengua oficial de la Administración general y limita la oficialidad de los otros idiomas nativos a las administraciones autonómicas, en las que el castellano también será oficial. Contrasta vivamente con el ordenamiento de otros estados plurilingües, como Bélgica, Canadá o Suiza, donde las lenguas de los distintos grupos lingüísticos son igualmente oficiales de la administración general --con algunos matices en Suiza, donde el romance tiene un estatuto inferior al de las otras tres lenguas oficiales--, mientras que en las instancias administrativas inferiores solo son oficiales las lenguas autóctonas de sus respectivos territorios.

»Por otro lado, el artículo 3 de la Constitución también es discriminatorio cuando hace del castellano la única lengua de conocimiento obligado para todos los ciudadanos del estado, con independencia de si viven en territorios donde esta lengua es la tradicional de la población, o no. [...] Los castellanohablantes tienen derechos en todos los puntos del territorio del estado, pero no los catalanohablantes; si todo el mundo tiene que saber castellano, todo el mundo puede pedir a un funcionario que se le dirija en castellano, pero no al revés.

»Asimismo, la ideología supremacista de la que hablamos [..] es ampliamente compartida y fomentada por los cuerpos funcionariales y las instituciones del estado. Numerosos trabajadores públicos se identifican con una visión nacionalista del estado en la que el catalán solo puede tener, como mucho, un papel secundario. [...] [Un hecho que da lugar a] que se produzcan todo tipo de abusos y discriminaciones contra los ciudadanos que hablan catalán y que quieren hacer uso de sus derechos lingüísticos».

En el Informe 2017 la Plataforma per la Llengua documenta 26 casos de graves discriminaciones, vejaciones y abusos ejercidos por servidores públicos contra la ciudadanía catalana en una expresión de la catalanofobia que anida entre algunos sectores del españolismo militante y que suele ser especialmente beligerante entre las fuerzas de seguridad (en 2007-2017, las fuerzas de seguridad encabezaron el ránquin entre las distintas instituciones del estado, con 70 casos, la mayoría de veces ciudadanos que se les dirigieron en catalán, e incluso fueron detenidos por ello). Son solo una parte de los incontables abusos que en ese sentido sufre una ciudadanía catalana que, en silencio y con resignación, para soslayar el conflicto, en la mayoría de ocasiones renuncia al ejercicio y la defensa de sus derechos.

2019

El PSOE gana las elecciones legislativas españolas, que dan el vuelco a la mayoría parlamentaria del PP. En Cataluña, triunfa la independentista ERC, y en Euskadi el PNV. (28.4.2019)

El partido socialista (PSOE), liderado por el presidente de gobierno Pedro Sánchez, obtiene el 28,6% de los votos y 123 escaños (38 más que en la anterior legislatura) en unas elecciones legislativas adelantadas tras el rechazo al presupuesto de 2019 presentado por los socialistas. El PP, con Pablo Casado como nuevo líder, obtiene el 16,7% de los votos y 66 escaños (lo que supone la pérdida de 71 de sus 137 escaños). Les siguen Ciudadanos (15,8%, 57 escaños, que gana 25), y Unidas Podemos (13,4%, 33 escaños, que pierde 26). La ultraderechista Vox (10,2%) entra en el Congreso por primera vez, con 24 escaños), la independentista ERC (3,9%) alcanza su máxima representación histórica en el Congreso (15 escaños), al ser la fuerza más votada en Cataluña (24,6%); en el País Vasco, gana el nacionalista PNV (31%, 6 escaños). Fracasará el intento de formar un gobierno de coalición de izquierdas con Unidas Podemos (UP), señalado al comienzo como socio preferente y rechazado a la postre por Sánchez ante la exigencia de carteras ministeriales planteada por el líder podemita, Pablo Iglesias.

Público revela que el jefe de la célula islamista de Ripoll era confidente del CNI hasta el día del atentado de Las Ramblas. (15-30.7.2019)

Ve la luz el primero de los cinco artículos de la serie «La verdad sobre el imán de Ripoll», que el periodista Carlos Enrique Bayo publica entre los días 15 y 30 de julio en el diario Público. En ese primer artículo, bajo el título «El cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia hasta el día del atentado», expone que Abdelbaki es-Satti (conocido a través de la prensa como «el imán de Ripoll») fue dado de baja y borrado del fichero de fuentes del CNI el día 18. Explica que Es-Satti se comunicaba con un agente del servicio secreto español mediante la técnica de «buzón muerto» ideada por Osama Bin Laden y adoptada luego por los servicios de espionaje internacionales (esa técnica consiste en escribir borradores de correo electrónico que no se envían y que el interlocutor consulta directamente en el mismo buzón, al que tiene acceso mediante las correspondientes claves de usuario y password, con lo que el mensaje evita la circulación por la red y la posibilidad de que sea detectado por terceros). Según las capturas de pantalla que muestra Público, esta técnica se usó hasta por lo menos dos meses antes de que la célula de Ripolll atentara en Las Ramblas.

El Tribunal Supremo español condena a penas que suman un siglo a los nueve principales acusados por el referéndum de independencia de Catalunya. (5.11.2019)

El Tribunal Supremo, presidido por el juez Manuel Marchena, dicta su primera sentencia por el delito de sedición contra nueve de los acusados en el «Caso procés» contra el independentismo catalán. El vicepresidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, es condenado a 13 años de cárcel; cinco de sus consejeros lo son a penas entre doce y diez años y medio; la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, a 11 años y medio. Los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de las entidades Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, respectivamente, a nueve años de prisión cada uno. Todos ellos lo son, a su vez, a penas de inhabilitación de la misma duración que la pena de cárcel que se les impone. Los observadores enviados al juicio por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH, que agrupa a 184 organizaciones con presencia en 112 países) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (EuroMedRights) denuncian que el juicio no fue justo. [Para el análisis que lleva a semejante conclusión, véase .] Por su parte, el gobierno español les niega la consideración de presos políticos que les dan las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Entre estas, se cuentan el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que en su informe sobre el caso (29 de mayo de 2019) señalaba como arbitrarias las detenciones de Cuixart, Sánchez y Junqueras (los tres presos que denunciaron su caso ante esa instancia de la ONU) y exigía su inmediata puesta en libertad; Human Rights Watch, que denunciará esas condenas, llevadas a cabo «con insuficiente base legal», y pedirá la libertad de los presos políticos catalanes en su Informe anual de 2020 (14 de enero de 2020); Amnistía Internacional, que en su informe de ese mismo año (13 de mayo de 2020) reclamaba también la libertad «inmediata» de los Jordis (Cuixart y Sánchez); en el mismo sentido se pronunciaba el relator de la ONU por la libertad de expresión, David Kaye (27 de mayo de 2020).

Repetición de las elecciones legislativas españolas, que revalidan la victoria del PSOE, aunque con un margen de ventaja menor que el que obtuvo en abril. (10.11.2019)

Se repite la convocatoria electoral de las elecciones legislativas españolas después de que el vencedor en la convocatoria del 29 de abril, Pedro Sánchez, fracasara en las negociaciones para la formación de gobierno con el que declaraba su socio preferente, Unidas Podemos. Los podemitas tenían entonces 33 escaños (7 más que los 26 actuales) pero en aquel momento Sánchez rechazó el acuerdo ante la exigencia de carteras ministeriales planteada por el líder de UP Pablo Iglesias para el futuro gobierno de coalición que no fue: ahora el PSOE, con 120 escaños, pierde tres de los obtenidos en abril, mientras que el PP de Pablo Casado acorta distancias y lidera la derecha con 89 escaños (23 más que en abril); Ciudadanos se precipita en la debacle (pasa de 47 a 10 escaños) y sus votos de abril alimentan a la ultraderechista Vox, que casi duplica resultados (pasando de 26 a 53 escaños). En ambas ocasiones, la ausencia de la mayoría absoluta necesaria para gobernar hace pender la posibilidad de investidura de Sánchez del voto independentista catalán, aquello que el líder socialista trataba de evitar. En cualquier caso, los independentistas catalanes consiguen su máxima presencia en el Congreso: 23 escaños (ERC, 13; Junts per Catalunya, del exiliado Carles Puigdemont, 8, y 2 para la CUP, que no se había presentado nunca a estas elecciones), después de que la campaña de todas las fuerzas españolas (salvo la de UP) se focalizara en la aplicación de severas medidas preventivas contra la amenaza independentista catalana.

2020

La investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente da paso a la formación del primer gobierno de coalición de la democracia española. (7/1/2020)

En una segunda votación muy ajustada del Congreso (167 síes, 165 noes y 18 abstenciones; 13 de estas correspondientes a Esquerra Republicana de Catalunya), el líder socialista español, Pedro Sánchez, obtiene la mayoría simple necesaria para ser investido presidente del primer gobierno de coalición de la democracia. El nuevo gobierno será dado a conocer en los días siguientes y estará formado por 17 miembros del PSOE (Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera como vicepresidentas, y 14 ministros) y cinco de Unidas Podemos (Pablo Iglesias como vicepresidente y cuatro ministros), entre los cuales, también por primera vez, dos miembros del Partido Comunista (Yolanda Díaz, en Trabajo, y Alberto Garzón, en Consumo).

Revela elDiario.es que Andrés Betancor, vocal de la Junta Electoral Central en 2017-2019, ocultó que estaba a sueldo de Ciudadanos, lo que le permitió intervenir en debates decisivos sobre el conflicto catalán. (26.2.2020)

elDiario.es denuncia que Andrés Betancor, asesor de Ciudadanos (C's) que ocupa un despacho de ese partido en el Congreso e ingresó en octubre de 2017 como vocal de la Junta Electoral Central (JEC), figuraba en la nómina del partido, una relación laboral que ocultó ante la comisión de nombramientos del Congreso encargada de evaluar la idoneidad de los candidatos. El caso es denunciado por su gravedad desde el PSOE, Podemos y ERC, y por el exiliado presidente catalán Carles Puigdemont: «Este personaje a sueldo de Ciudadanos ha resuelto en nuestra contra, ha perjudicado a los derechos fundamentales pagado por el mismo partido político que nos denunciaba». Por su parte, su sucesor el presidente Quim Torra, anuncia una querella por «soborno, prevaricación y delito electoral».

La JEC está compuesta por 13 magistrados: ocho que selecciona por sorteo el Tribunal Supremo, y cinco catedráticos elegidos por el Congreso a propuesta de los grupos parlamentarios. Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Pompeu Fabra, fue propuesto por Albert Rivera para uno de estos puestos, incurriendo así en una flagrante vulneración del régimen de incompatibilidades que supuestamente rige en la administración pública y que, en un caso como este, Ciudadanos no habría dudado en calificar de «corrupción política» si la hubieran cometido otros. El partido le pagaba mensualmente, al tiempo que él intervenía en los debates y las resoluciones suscitadas por el conflicto en Catalunya: entre otras, intervino en la decisiva exclusión de la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas de 2019, que respondía a un recurso propiciado por C's y el PP; asimismo, en la prohibición de las candidaturas de los también exiliados Toni Comín y Clara Ponsatí, al considerar que no estaban inscritos correctamente en el censo. Respecto al acuerdo de la JEC que censuró la entrevista dada por Inés Arrimadas al diario ABC en la jornada de reflexión de las elecciones catalanas de diciembre de 2017, Betancor fue el autor del voto particular que defendía que la lideresa de Ciudadanos no debía ser sancionada.

Cuando se desconocía aún que estaba a sueldo de Ciudadanos, Betancor renunció a su puesto en la JEC tras ser denunciado en julio de 2019 por Puigdemont ante los tribunales en una demanda (dirigida también contra al vocal Carlos Vidal, propuesto por el PP) por «persecución política» y estar políticamente «contaminado» debido a su cercanía a Ciudadanos.

Alfonso Guerra declara que la mesa de diálogo que exige ERC al gobierno socialista no es más que un «burladero». (1.5.2020)

El ex vicepresidente del gobierno de Felipe González, Alfonso Guerra, declara en Radio 4 que la mesa de diálogo y negociación entre el gobierno y la Generalitat es un «burladero de no saber qué hacer», meras «florituras de políticos que no tienen competencias para resolver los problemas». Añade que «ni por la legislación existente ni por la forma de ser» se puede dar respuesta a la causa de los independentistas, porque no habrá solución hasta que estos «digan la verdad: que no va a haber independencia de Catalunya», puesto que la independencia es imposible.

La CIA norteamericana desclasifica un documento de 1984 que señala al líder socialista Felipe González, a la sazón presidente de España, como promotor de los GAL. (13-23.6.2020)

La Central Inteligency Agency (CIA) desclasifica el documento «España: terrorismo vasco y respuesta gubernamental», que en 1984 cursó desde Madrid el agente norteamericano Colin Winston, quien a la sazón trabajaba para la Oficina Europea de Análisis de la CIA, en el apartamento que el servicio de esa «embajada bis» estadounidense tenía en la calle Alfonso XII, frente al Retiro. El documento, de 32 páginas, dedica cinco al tema y contiene los espacios en blanco de frases borradas por la censura de la Central. En un punto, da fe del titular de prensa «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas» (La Razón), y la frase propia con la que el autor del escrito remacha al respecto: «González está de acuerdo con la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el ejército (Army), para combatir el terrorismo fuera de la ley». Evidentemente, el agente Colin Winston debía de ser en esa época un analista (del todo alejado de la acción que fantasean las películas de espías) que, sentado a una mesa de despacho y rodeado de recortes de prensa, se limitó a ratificar la identidad de la X de los GAL que, como secreto a voces, encabezaba las especulaciones en torno al organigrama de los asesinos de ese grupo parapolicial que ningún mentidero de la política del momento había dudado en atribuir al presidente español. Urgando en las pistas del caso a través de internet, se puede llegar por vía Linkedin y Twitter, a detalles del currículo de ese agente, que, salvo por alguna coincidencia del azar o por una falsa pista interpuesta adrede para desinformar, conduce a Colin M. Winston, autor de la tesis doctoral The Catolic Right and Social Conflict in Catalonia, 1900-1936 (Madison, Universidad de Winsconsin, 1982), publicada en español por Cátedra en 1989 con el título La clase trabajadora y la derecha en España,1900-1936. Que ese Winston sigue la actualidad política española es evidente a través de algunos de sus retuits: por ejemplo, uno del 3 de octubre de este mismo año en que Inés Arrimadas dirige sus cantos de sirena a Sánchez para apartarlo «del separatismo» y llevarlo a «la moderación».

A propósito del documento de 1984, el día 15 de junio el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu solicita la comparecencia de González ante el Congreso y anuncia que trabajará para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre los GAL. Los servicios jurídicos de la cámara rechazan citar a González, pero no la apertura de la anunciada comisión, a la que el expresidente español podría acudir como compareciente. El 23 de junio, la Mesa del Congreso rechazará, sin embargo, la propuesta de comisión sobre el terrorismo de estado de los GAL, que solo obtiene el voto a favor de los miembros de Unidas Podemos, y por contra el voto mayoritario negativo de los miembros de PSOE, PP y Vox.

Una entrevista al abogado Jaume Alonso-Cuevillas desvela importantes contradicciones del sumario instruido por la Audiencia Nacional sobre los atentados de agosto de 2017 (caso 17-A) en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils. (24.6.2020)

La publicación en Vilaweb de una entrevista a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Francisco Javier Martínez Espínola (padre del niño de Rubí muerto en el atentado del día 17 en Las Ramblas), descubre incongruencias en la instrucción judicial llevada a cabo por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional sobre los atentados de agosto de 2017, que permiten conjeturar que el imán de Ripoll (Abdelbaki es-Satti, confidente del CNI y jefe de la célula yihadista a la que se atribuyen aquellos atentados de Barcelona y Cambrils, y dado por muerto en el sumario) no murió el día 16 en las explosiones del chalet de Alcanar donde la célula fabricaba sus explosivos. En la entrevista Cuevillas informa de que se ha demandado la revocación del sumario en base a indicios que hacen pensar que Es-Satti podria seguir vivo, por la existencia de lagunas importantísimas: el testimonio de vecinos que vieron a Es-Satti abandonar el lugar al volante de su furgoneta tras la explosión; su móvil, con llamadas, también posteriores, de hasta tres minutos; la ruptura de la cadena de custodia de los dos perfiles genéticos aislados por los forenses in situ. Estos perfiles (uno de Iosef Aalla, a partir de los restos biológicos hallados en un cascote de las ruinas del chalet, fue identificado por las muestras de ADN de sus hermanos; otro, supuestamente de Es-Satti, por la coincidencia del ADN de una chilaba caqui (y de una talla notablemente superior a la de Es-Satti) hallada en la casa del imán, y el de una lata de Coca-cola encontrada en su furgoneta (a la que por otra parte accedió mucha gente). Los restos fueron entregados a los biólogos y depositados en el banco de datos (ADIS); en este, la chilaba fue singularizada por su color gris, distinto al que se recogió en el primer informe. La cadena de custodia policial se había roto, afirma Alonso-Cuevillas: «no se podía asegurar de quién era ese ADN»... A instancias de los Mossos d'Esquadra, la policía española acabó mandando una comisión rogatoria a Marruecos para recabar el ADN de la familia de Es-Satti: ese ADN no llegó a Madrid, los policías se desentienden y los marroquíes concluyen en un informe de un folio y medio que el ADN de la madre, un hermano y la hija mayor de Es-Satti cotejado con las muestras recibidas el 25 de agosto permiten concluir que el segundo perfil genético es el de Es-Satti. Alonso-Cuevillas se pregunta: «¿el 25 de agosto quién mandó qué?»: ni los biólogos catalanes, ni los españoles pidieron en ningún momento que se enviara nada a Marruecos. Estas irregularidades son obviadas por el juez Camala, que en el sumario da finalmente por muerto al confidente Es-Satti del CNI. Preguntado el abogado sobre si Es-Satti podria seguir vivo y que le hayan dado otra identidad, asegura que podría ser, pero que en ningún caso lo puede afirmar.

Òmnium Cultural presenta ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el rey emérito Juan Carlos I. (3.7.2020-5.8.2020)

Con una campaña contra la Monarquía, la entidad catalana Òmnium Cultural emprende la denuncia de los «poderes del Estado» mediante una querella contra el rey emérito Juan Carlos I por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal; la entidad promotora de la iniciativa anuncia, en una rueda de prensa, que se propone pedir al gobierno de Suiza el bloqueo de los fondos de las cuentas bancarias que Juan Carlos tiene en ese país. Recuerda, además, el papel descaradamente anticonstitucional jugado por la Corona española el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI brindó todo su apoyo a la política represiva ejercida contra la población catalana que cuarenta y ocho horas antes había acudido a los colegios electorales para ejercer el derecho al voto en un referéndum sobre la independencia de su país que había sido declarado ilegal. El 2 de agosto, el Tribunal Supremo anuncia la designación de Manuel Marchena como juez encargado de decidir sobre la admisión a trámite de la querella. Como recuerda Òmnium, Marchena es el magistrado que presidió el alto tribunal que juzgó y condenó a los presos políticos independentistas a cien años de cárcel (entre ellos, a nueve años Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural) y que acaba de suspender la aplicación del tercer grado a sus condenas tras modificar, al efecto, el reglamento penitenciario. Tras anunciarse la huida de España de Juan Carlos I (3 de agosto), el juez Marchena rechaza (5 de agosto) adoptar las medidas cautelares demandadas por Òmnium Cultural contra el rey emérito, porque no prevé la adopción de medidas cautelares contra alguien que no tiene la condición de investigado.

Se denuncia el uso ilegal de Pegasus, un ciberprograma-espía israelí utilizado en España contra la oposición independentista catalana. (14.7.2020-23.10.2020)

Lluís Corominas (presidente del grupo Junts pel Sí y vicepresidente primero de la mesa del parlamento), Anna Simó (portavoz de ERC y secretaria primera de la mesa), Ramona Barrufet (militante de Junts pel Sí y secretaria cuarta de la mesa) y Lluís Guinó (de Junts pel Sí, que el 25 de julio sustituyó a Lluís Corominas en la vicepresidencia primera de la mesa) son condenados por el TSJC a veinte meses de inhabilitación y al pago de 30.000 euros cada uno, como autores de seis delitos de desobediencia al TS que permitieron la tramitación de iniciativas contrarias a resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional: declaración del 9 de noviembre de 2015, creación de la comisión de estudio del proceso constituyente y aprobación de sus conclusiones, resolución del debate de política general de 2016 sobre el referéndum y el proceso constituyente, aprobación de una partida de los presupuestos de 2017 con destino a la jornada del 1 de Octubre, celebración de los plenos parlamentarios que el 6 y el 7 de septiembre aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, y aprobación de la Sindicatura Electoral. La sentencia absuelve a Mireia Boya, a la sazón diputada de la CUP, porque, a diferencia de sus compañeros de mesa citados, «no fue advertida nominalmente por el Tribunal Constitucional y no ostentava una posición de intervención en los hechos compatible con el tipo penal de la desobediencia». Un sexto miembro de la mesa, Joan Josep Nuet (miembro de Catalunya Sí que es Pot y secretario tercero de la mesa), está acusado del mismo delito, a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo, ya que ahora, como diputado al Congreso por la coalición Catalunya en Comú-Podemos, posee la condición de aforado.

Una investigación de El País y The Guardian, avalada por la agencia de ciberseguridad canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto, descubre que los teléfonos móviles de políticos catalanes como los del presidente Quim Torra, el del presidente del parlamento autonómico Roger Torrent y el de la exdiputada Anna Gabriel (miembros de las formaciones independentistas parlamentarias Junts x Cat, Esquerra Republicana de Catalunya y Candidatura d'Unitat Popular, respectivamente) han sido jaqueados, junto con los de otros 130 «representantes de la sociedad civil», mediante un programa Pegasus que la empresa israelí NSO Group vende solo a gobiernos y cuerpos de seguridad para la lucha contra el crimen y el terrorismo. España figuraría como cliente de la empresa desde 2015, cuando, bajo el gobierno del Partido Popular (con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como principales responsables políticos en las áreas específicas de inteligencia y seguridad) entró en acción una supuesta y nunca reconocida existencia de una «policía patrótica» y se puso en marcha una siempre desmentida Operación Cataluña contra el independentismo. Trasciende que en 2019 un fallo de seguridad de WhatsApp permitió a NSO Group aplicar el programa Pegasus para sus clientes a 1.400 terminales telefónicas del mundo. Ahora el gobierno socialista y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del estado declaran desconocer el caso objeto de denuncia; tampoco la Fiscalía emprende acciones al respecto, como correspondería al ministerio público. El día 27, dos de los espiados, Torrent y otro miembro de su partido, Ernest Maragall (líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona y hermano del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall), denunciarán el caso en una carta dirigida al relator de derechos humanos de Naciones Unidas (David Kaye), a la comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa (Dunja Mijatovic) y a la secretaría de Amnistía Internacional. El día 30, ambos políticos presentan ante los juzgados de Barcelona una querella por presunto espionaje e intrusión no autorizada e intercepción ilegal de comunicaciones contra Félix Sanz Roldán, quien era «máximo responsable del CNI» cuando se produjeron los hechos ahora denunciados. La querella es admitida a trámite el 22 de octubre. Al día siguiente, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, hace público que ha pedido a la presidencia del gobierno que aclare «la presunta utilización del programa espía Pegasus en España, [y] que revele información sobre todos los contratos que tenga con empresas privadas de vigilancia digital, [...] una petición que su organización ha llevado a cabo reiteradamente ante diferentes gobiernos del mundo con objeto de que impongan una moratoria sobre la venta y transferencia de estos equipos de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario adecuado de derechos humnos en esta cuestión». Beltrán recuerda que Pegasus se ha usado, entre otras personas, contra 24 activistas de derechos humanos, periodistas y parlamentarios de México, tres activistas y el disidente Jamal Khashogi de Arabia Saudí, el periodista marroquí Omar Radi, el emiratí Ahmed Mansur e incluso contra un miembro de la misma Amnistía Internacional.

Zaklin Nastic, diputada alemana del Bundestag, pide que se emita una orden europea de detención contra Juan Carlos I. (5.8.2020)

Zaklin Nastic, diputada del partido Die Linke en el Bundestag, pide que la justicia emita una orden europea de detención contra el rey emérito español, Juan Carlos I: «Ahora veremos si la justicia española es democrática y políticamente imparcial. Esperamos una euroorden de detención contra el antiguo rey. Al fin al cabo, también emitieron una contra Carles Puigdemont por un referéndum cuando era el presidente electo».

Concordia Real Española denuncia al vicepresidente catalán, Pere Aragonés, por llamar «organización criminal» a los Borbones. (5-14.8.2020)

So capa de defensa institucional del rey Felipe VI (que a tenor de sus prolongados silencios parece decidido a no responder a las supuestas injurias a la Corona), la nueva entidad Concordia Real Española se estrena denunciando ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional al vicepresidente catalán Pere Aragonès, que se refirió a los Borbones como «organización criminal», a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y a la portavoz del Bloque Nacional Galego, Ana Pontón, que acusó de «corrupta» a la monarquía española. Concordia Real Española quedó inscrita ad hoc en el registro de asociaciones el pasado 31 de julio y está presidida por Atocha de Alós, que fue gerente de la Fundación Casas Históricas y Singulares. La Fiscalía archivará el caso el día 14 al estimar que las declaraciones denunciadas se amparan en la libertad de expresión.

Un estudio del Laboratorio de Economía Aplicada de la UB concluye que el déficit de inversión de Fomento ha restado 9,8 puntos al crecimiento del PIB catalán en el período 2002-2017. (7.8.2020)

El Laboratorio de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona constata que el grado de ejecución de las inversiones presupuestadas para Catalunya fue del 74,8% en los quince años del período 2002-2017, mientras que, en el resto de España, la ejecución presupuestaria para el mismo período fue notablemente más elevada y alcanzó el 85,1%. En términos absolutos, esa diferencia de 10,9 puntos desfavorable para las ejecuciones de obra en Catalunya (equivalentes a 23.820 millones de euros) representan un «coste de oportunidad acumulado» y perdido que habría lastrado al PIB catalán: en 2,6 puntos, si el grado de ejecución hubiese sido como en el resto de España; en 5,4 puntos en el supuesto de que se hubiese ejecutado todo lo presupuestado, y en 9,8 puntos si la inversión hubiese sido en función del peso de Catalunya en el conjunto de la economía española.

La Audiencia Nacional cierra la instrucción de los atentados de agosto de 2017 (caso 17-A), tras rechazar las diligencias que pedía el abogado Alonso-Cuevillas. (7.8.2020)

La Audiencia Nacional cierra la instrucción judicial de los atentados cometidos en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils los días 17 y 18 de agosto de 2017, y lleva a juicio a tres presuntos responsables: Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir, en cuanto miembros de organización terrorista, y Said Ben Lazza en su condición de colaborador. En total, murieron siete miembros de la célula yihadista responsable (dos fallecidos en las explosiones del chalé de Alcanar y, abatidos por los Mossos d'Esquadra, otros cinco, entre ellos Younes Abouyaaqoub, causante del atropello mortal de 16 personas y de los 169 heridos en Las Ramblas).

El juez instructor, José Luis Calama, y la Fiscalía rechazan analizar los supuestos vínculos del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, con el CNI. Al efecto, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, defensor de una de las víctimas, solicitaba investigar la cuenta que Es-Satty utilizaba como «buzón muerto» y, entre otros testimonios rechazados, el del subdirector general de Instituciones Penitenciarias, Javier Nistral Buron, a propósito de las cuatro entrevistas que Es-Satty mantuvo con miembros del CNI y de la Policía Nacional cuando en 2012-2014 cumplía condena en la cárcel de Castelló por tráfico de drogas (una condena que, una vez cumplida, comporta siempre para los extranjeros la expulsión del país y que en el caso de Es-Satty no se llevó a cabo); asimismo, se rechaza investigar si éste fue confidente de la Guardia Civil en la Operación Chacal contra el yihadismo, en la que en enero de 2006 Es-Satty figuraba entre los 20 detenidos, pero su nombre se escurrió de la lista de los que fueron juzgados. Ahora, el juez Calama considera que las diligencias solicitadas «no resultan relevantes ni necesarias para la investigación de los hechos y responsabilidad criminal de las personas procesadas en el sumario».

Sesión de control parlamentario al gobierno: a una pregunta sobre la «guerra sucia» en Euskadi responde, con una escueta comunicación escrita, que «en España no hay terrorismo de estado». (12.8.2020)

Por toda respuesta a la información solicitada reiteradamente por el diputado Jon Iñarritu, de EH Bildu, sobre los crímenes no esclarecidos del Batallón Vasco-Español, la Triple A y los GAL, el gobierno de Pedro Sánchez responde con una escueta nota: «En relación con la información solicitada, se señala que en España no hay terrorismo de estado». En una pregunta anterior, del 21 de mayo, la respuesta que recibió Iñarritu había sido más genérica: «la investigación de los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables es una de las funciones encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... Se seguirán llevando a cabo todas las investigaciones para el esclarecimiento de todos aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito...».

A instancias de C's, la Fiscalía Anticorrupción investiga si la CUP sufragó el referéndum del 1-O con los fondos públicos asignados a su grupo parlamentario. (24.8.2020)

El diario Ara da a conocer que la Fiscalía Anticorrupción abrió en enero las diligencias de una causa contra la CUP por un posible delito de malversación de los fondos públicos que le fueron asignados en 2017. La formación anticapitalista expuso ya ese año en el Parlament el informe sobre la contabilidad específica de las subvenciones recibidas, en el que no ocultaba la dedicación de partidas de «publicidad, propaganda y relaciones públicas» destinadas a potenciar la celebración del referéndum del 1-O. Ahora, la Fiscalía apunta a la partida de 168.666,63 euros que la CUP destinó a promover el voto afirmativo de ese día. Ese informe habría inspirado en el partido C's la posibilidad de judicializar el caso, lanzando la especie de una supuesta corrupción del partido anticapitalista, para lo que instó a la Sindicatura de Cuentas a que llevara a cabo «una fiscalización específica en el término máximo de seis meses», recordando que las asignaciones a los grupos parlamentarios no se pueden destinar, en ningún caso, «a sufragar actividades ilícitas», como califican «el referéndum ilegal del 1-O» en una interpretación sesgada por su ideología. Según Lluc Salellas, portavoz en 2018 del secretariado nacional de la CUP, esta causa corrobora «el carácter represor del régimen del 78... y abre una nueva puerta a la persecución de las organizaciones políticas»,

Desaparece de la plataforma Amazon Prime Video el documental La estafa de Andorra, sobre las consecuencias que para Andorra acarreó la Operación Catalunya lanzada por España contra el independentismo catalán. (29.8.2020)

La estafa de Andorra (2020), documental del director norteamericano Eric Merola sobre las actuaciones de la Operación Catalunya en Andorra, desaparece de la plataforma Amazon Prime Video, que lo difundía entre sus suscriptores. En las horas siguientes, el documental pasa a ser accesible en abierto a través de la plataforma Youtube: un cambio de servidor que publicita su visionado gracias a la sospecha de que ha habido una censura informativa en forma de presión del estado español. En dos horas de metraje, el reportaje desgrana el procedimiento de intervención, cierre y venta fraudulenta de una de las cuatro entidades bancarias andorranas, la Banca Privada de Andorra (BPA), objeto de la extorsión de los servicios secretos españoles, que para descabezar el independentismo catalán ha tratado de conseguir, en principio sin éxito, datos de supuestas cuentas bancarias de algunos de sus líderes políticos: Oriol Junqueras, Artur Mas, Jordi Pujol. De estos, solo Pujol tuvo cuentas abiertas en BPA, como mínimo en el período 2010-2014.

La venganza de la policía española ante la resistencia del banco a la extorsión habría logrado sus propósitos con la mediación de Estados Unidos al aportar pruebas falsificadas de delitos cometidos por la BPA, entre otros, el delito de lavado de dinero.

El 10 de marzo de 2015 la BPA fue intervenida a instancias de la agencia FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Tesoro de Estados Unidos, bajo la acusación de blanquear dinero procedente del crimen organizado: la medida se ampara en la Ley Patriótica estadounidense de octubre de 2001, que concede carta blanca de actuación a sus servicios secretos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, «para proteger el sistema financiero mundial»: el FinCEN es el instrumento con el que puede cerrar cualquier banco del mundo mediante un simple comunicado de prensa de su Sección 311. El FinCEN habría usado las falsas pruebas de lavado de dinero aportadas por los servicios patrióticos encargados de la Operación Catalunya. El cierre y venta de la BPA, asociado por algunos medios al lavado de dinero procedente de la droga del cártel de Sinaloa, deja decenas de clientes con las cuentas bloqueadas y una larga lista de trabajadores bancarios de la entidad pendientes de un juicio en el que la fiscalía pide largas penas de cárcel. La estafa de Andorra da detallada y polémica cuenta de todo ello.

La Justicia andorrana admite a trámite la querella del Institut de Drets Humans d'Andorra contra el ex presidente español Mariano Rajoy y varios miembros de su gobierno por las amenazas de cierre del BPA en la llamada «Operación Cataluña». (14.9.2020)

La Fiscalía de Andorra admite a trámite la querella presentada el 16 de julio de 2019 por el Institut de Dres Humans d'Andorra contra el ex presidente español Mariano Rajoy, sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Interior, Jorge Fernández Díaz, así como contra el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, quienes en enero de 2015 se reunieron con el jefe del gobierno andorrano, Toni Martí, y sus ministros Jordi Cinca, Gilbert Saboya y Jordi Alcobé, para tratar de obtener información sobre presuntas cuentas secretas de los líderes independentistas catalanes Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol. La querella contra el expresidente español y su gobierno señala que los ahora denunciados cometieron los delitos de falsedad documental y coacciones, y en los casos del ministro de Interior y de su secretario de Estado comprende también demandas por amenazas, extorsión y chantaje, e implican asimismo al director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

La querella es una ampliación de la que en septiembre de 2016 presentaron el colectivo de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d'Andorra contra tres altos cargos policiales españoles (Eugenio Pino y Bonifacio Díaz, de la Dirección Adjunta Operativa, y Marcelino Martín-Blas, de la Unidad de Asuntos Internos), y contra un agregado de Interior en la embajada española de Andorra (Celestino Barroso), quien, según la querella, en mayo y junio de 2014 habrían vulnerado los derechos y libertades de tres ciudadanos andorranos vinculados al BPA: Higinio Cierco (accionista mayoritario del banco), Joan Pau Miquel (consejero delegado de la entidad y de su filial española, Banco de Madrid) y Rosa Castellón (la secretaria del consejo de administración), los cuales «fueron amenazados, coaccionados y extorsionados por los cuatro agentes policiales» para obtener las mencionadas informaciones en el marco de la Operación Cataluña puesta en marcha por el estado español. Según se expone en la querella, «las amenazas se cumplieron» porque la presión española sobre Estados Unidos determinó la intervención de la oficina de control de delitos financieros FinCen del Departamento del Tesoro norteamericano, que acabó «de manera fulminante con la existencia de Banca Privada de Andorra (BPA) y su equivalente en Madrid, Banco Madrid». Los dos fueron intervenidos en marzo de 2015 en base a informaciones y falsos documentos que vinculaban el BPA con el blanqueo de capitales del narcotráfico internacional. Al tiempo que se demostraba que ni Mas ni Junqueras, ni ninguno de sus familiares tenían abiertas en el BPA las cuentas que los políticos y los policías denunciados pretendían. [Sobre el tema, véase el vídeo La estafa de Andorra, 29.8.2020]

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya, es inhabilitado por un delito de desobediencia cometido en 2019, cuando durante la campaña electoral incumplió una orden de la JEC que exigía la retirada de una pancarta en apoyo de los presos y exiliados independentistas. (28.9.2020)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) confirma la pena de 18 meses de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al presidente Quim Torra por incumplir la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar, durante la campaña electoral de abril de 2019, la pancarta en apoyo de los presos y exiliados independentistas desplegada en el balcón del Palau de la Generalitat, sede de la presidencia. Tras los casos de Artur Mas y Carles Puigdemont, el de Torra es el tercer caso de inhabilitación de un presidente catalán, pero el primero que lo es en ejercicio de su mandato. En aplicación de la ley de Presidencia de la Generalitat, la presidencia interina pasa al vicepresidente Pere Aragonès, aunque con las funciones muy restringidas, a la espera de la convocatoria de nuevas elecciones que se estima deberán celebrarse en febrero de 2021.

Respecto a la sentencia, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, expone en el artículo «No hay delito de desobediencia (Explicación para no juristas)», publicado en elDiario.es del mismo día 28, que en ningún caso Torra cometió el delito de desobediencia que se le atribuye: «Para que el delito de desobediencia pueda producirse no respecto de una decisión judicial sino de una orden administrativa, es preciso que exista una relación jerárquica entre quien dicta la orden y el destinatario que debe ejecutarla. Sin dicha relación de jerarquía, no hay delito... Para el Código Penal, la Junta Electoral Central solamente es «autoridad superior» respecto de las demás juntas electorales. Respecto a nadie más... La JEC puede dirigirse mediante el Ministerio Fiscal al órgano judicial competente, en este caso el TSJC, para que este requiera al president el cumplimiento de la orden. En el caso de que este no atienda el requerimiento del TSJC, entonces estará cometiendo el delito de desobediencia: sin la intermediación del órgano judicial no hay delito», porque en el Derecho Penal «no se admite la interpretación analógica».

En el mismo sentido, irá más lejos aún el jurista José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que en una entrevista publicada por elnacional.cat el 4 de octubre, calificará el delito atribuido a Torra de «más propio de autoridades y funcionarios administrativos que de autoridades políticas... Los jueces están tratando a un presidente de una comunidad como si fuese un funcionario pixatinters. Es incompatible en un sistema democrático... A nadie se le pasa por la cabeza decir que la JEC es el superior jerárquico de un presidente nombrado por un parlamento soberano. Es contrario a una Constitución que dice que la soberanía emana del pueblo... Una vulneración flagrante del principio de legalidad».

Los tres últimos presidentes de la Generalitat de Catalunya, todos inhabilitados o cesados en el curso del proceso independentista, llaman a la mediación internacional en la Declaració de Perpinyà. (9.10.2020)

Una semana después de ser inhabilitado el presidente catalán Quim Torra, este y sus dos antecesores, Artur Mas y Carles Puigdemont, participan en un acto conjunto, celebrado en la Casa de la Generalitat en Perpinyà (actual capital del departamento francés de los Pirineos Orientales y de la Catalunya del Nord que reivindica el independentismo catalán), donde denuncian «la represión del estado español hacia Cataluña», representada en esta ocasión por sus casos particulares: Artur Mas, condenado a 13 meses de inhabilitación --tras haber abandonado el cargo-- por la organización del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, que consultó a la ciudadanía sobre el futuro político de Cataluña; el exiliado Carles Puigdemont, cesado en aplicación del art. 155 de la Constitución española tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, y Quim Torra, inhabilitado por el Tribunal Supremo el pasado 28 de septiembre por desobedecer a la Junta Electoral Central al negarse a descolgar del balcón de la sede de su gobierno, en el Palau de la Generalitat, una pancarta con el lema «Por la libertad de los presos políticos y exiliados». Los tres expresidentes catalanes, represaliados consecutivamente por el régimen monárquico de los Borbones en apenas seis años, hacen pública la Declaració de Perpinyà en la que llaman a la mediación internacional en el conflicto catalán con España: «El rey, que viene de una monarquía reestablecida por Franco, ha inhabilitado o destituido a todos los presidentes de la Generalitat en sus seis años como jefe del estado... con esta España no se puede construir una buena Europa».

Publicación del vídeo Clavegueres: mitjans, polítics i jutges, de la plataforma Octuvre.cat, que desmonta la campaña española para criminalizar a los Comitès de Defensa de la República (CDR). (10.10.2020)

Clavegueres: mitjans, polítics i jutges se difunde a través de Vilaweb y de la plataforma Youtube. El vídeo desmonta la campaña de los aparatos del estado español para criminalizar a los Comitès de Defensa de la República (CDR) desde que, tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, cambiaron el significado de su R final (Referèndum) para asumir explícitamente su defensa de la Republica catalana. El vídeo se publica tras la absolución de la activista Tamara Carrasco, que fue acusada de terrorismo y obligada a confinarse en su Viladecans natal a la espera de un juicio que tardó dos años y medio, y del que, finalmente, el pasado día 6 de octubre fue absuelta en una sentencia que critica la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil que la detuvo y la acusación de la Fiscalía. El vídeo incluye también la denuncia de la Operación Judas del 23 de septiembre de 2019, pendiente aún de juicio ante la Audiencia Nacional. Clavegueres: mitjans, polítics i jutges ha sido realizado por la plataforma Octuvre.cat, bajo el impulso de la pareja formada por la enfermera Marta Sibina (exdiputada de En Comú Podem en el parlamento español) y Albano Dante Fachín (exdiputado de Catalunya Sí que es Pot en el parlamento catalán), quienes, tras romper con su antiguo partido, fundaron el partido Som Alternativa.

Cuatro miembros independentistas de la mesa del parlament de 2017 son condenados a veinte meses de inhabilitación y multas por haber autorizado los plenos que aprobaron las leyes de referéndum y transitoriedad jurídica. (19.10.2020)

Los juristas subrayan de inmediato la contradicción entre la levedad relativa de estas penas del TSJC con la severidad de la pena que el Tribunal Supremo impuso a la presidenta de la mesa, Carme Forcadell, a la que, por los mismos hechos, se le imputó el delito de sedición, prescindiendo de la condición colegiada que implica la toma de decisiones de la mesa del parlamento.

El Tribunal Supremo prohíbe el uso del catalán en las comunicaciones entre las administraciones autonómicas de Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares. (20.10.2020)

El Tribunal Supremo español rechaza que Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares puedan comunicarse en su lengua propia, que es el catalán, el valenciano o el balear, según las variantes dialectales de cada uno de estos territorios. La sentencia desestima los incidentes de nulidad promovidos por los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana y el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJV), que en junio valoró que el gobierno valenciano «no era competente» para decidir si usaba exclusivamente «el valenciano» (la lengua catalana que se habla en la Comunidad Valenciana ) para comunicarse «con las comunidades del mismo ámbito lingüístico» referidas.

Los sables de la ultraderecha: 73 ex altos mandos de la reserva del Ejército asumen en una carta al rey el discurso de Vox y se hacen públicos los mensajes golpistas de un chat de militares retirados. (25.11.2020/1.12.2020)

En una carta al rey Felipe VI remitida el 15 de noviembre por 73 mandos militares retirados (un teniente general, seis generales y 66 coroneles de la XXIII Promoción de la Academia General Militar, entre los cuales una decena que pertenecieron a los servicios de inteligencia del desaparecido CESID, y desde 2002 a su organismo sucesor, el CNI) se afirma que «la coalición social-comunista PSOE-Podemos, apoyada por filoetarras e independentistas, es una amenaza para la unidad nacional... por lo que queremos dejar constancia de que en estos momentos difíciles para la Patria, siempre estaremos a Su lado [del rey] y podrá contar con nuestro apoyo y lealtad». La publicación de la carta por El País será seguida tres días más tarde (sábado, 28 de noviembre) por una información de InfoLibre (1 de diciembre) en la que se relaciona a los firmantes de ese escrito con el grupo de whatsapp «La XIX del Aire», integrado por miembros de esa promoción de la Academia General del Aire afines a la ultraderecha franquista: InfoLibre recoge algunos de los diálogos del debate que en el chat «XIX» del grupo se llevó a cabo cuando exploraban cómo hacer visible su apoyo a Felipe VI, de quien, a partir de sus contactos con la Casa Real, no dudan de su adscripción netamente derechista. En el transcurso de ese debate, el exgeneral de división Francisco Beca Casanova (primer firmante de otra carta anterior sobre el tema también dirigida al rey) propone: «No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta», referencia a los votantes de izquierda e independentistas que, según él, apoyan al gobierno de Pedro Sánchez, y de repetir los movimientos del 36; luego, en otro momento, dialogan los coroneles Andrés González Espinar («Algún día... los filibusteros de la puta ANC [Assemblea Nacional Catalana] pagarán por esto y por otras cosas») y Ángel Díaz Rivera («Algún día... alguien tendrá que empezar a hacer algo --legal o ilegal-- contra esos hijos de puta») y el lamento final de González Espinar: «Qué pena... no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa de estos hijos de puta».

El mismo 1 de diciembre, en el Congreso, el diputado socialista Odón Elorza afirma que detrás de los exmilitares de la carta está Vox: «Son su gente», denuncia dirigiendo sus palabras hacia los escaños del partido ultraderechista, lo que le lleva a un enfrentamiento verbal con la diputada Macarena Olona, que, en ausencia de su líder Santiago Abascal, no duda en responderle, desafiante: «por supuesto que es nuestra gente». Pero se desliga de la carta al rey y del chat.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, pone el caso en manos de la Fiscalía del TSJM por si los hechos «fuesen constitutivos de delito y para salvaguardar la honorabilidad pública estima de las Fuerzas Armadas».

2021

La instrucción del «caso Judas» contra el independentismo catalán entra en su fase final y reclama procesar a los nueve miembros de los CDR detenidos en 2019 por terrorismo. (20.8.2021)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional da por concluido el escrito de instrucción sobre el caso de los detenidos en la Operación Judas. Reclama el procesamiento de los nueve encausados de los Comitès de Defensa de la República (CDR) detenidos el 23 de septiembre de 2019 por la Guardia Civil en las dos comarcas del Vallès y en Osona: Eduardo Garzón, Germinal Tomàs, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Duch, Rafael Delgado, Ferran Solís, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, todos ellos bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista y de fabricación y tenencia de explosivos. Supuestamente, con tales instrumentos planeaban atentados, sabotajes y un asalto al Parlamento catalán en respuesta a las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

Entre las pruebas aportadas por la Fiscalía, se señala que «los investigados habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la organización había instalado en sendos domicilios particulares».

La instrucción del ministerio público señala también, como pruebas, el hallazgo de fotografías de diversos lugares que considera significativos de sus intenciones (la Comandancia Naval del Gobierno Militar, la Delegación del Gobierno español en Barcelona; también la búsqueda en internet de datos de personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra). Se señala asimismo que los implicados llevaron a cabo todos los pasos necesarios para la elaboración y fabricación de sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas de forma efectiva, habiendo adquirido los conocimientos necesarios (bajo el asesoramiento de expertos) y comprado las sustancias requeridas para la señalada fabricación (mediante terceras personas o usando identidades falsas) y que realizaron con el material fabricado pruebas de lanzamiento de artefactos e ignición de la misma termita.

El parlamento aragonés aprueba la supresión de las instituciones lingüísticas del catalán y el aragonés. (9.9.2021)

Las Cortes de Aragón aprueban, con los votos a favor de PP, C's i PAR, dos de los cuatro puntos de un texto impulsado por Vox en contra del catalán. En virtud de esa resolución, se suprimen las instituciones de política lingüística de las lenguas catalana y aragonesa. La medida afecta a la supresión del Institut Aragonès del Català, «porque no reconoce la protección de las lenguas y modalidades lingüísticas de la zona oriental de Aragón y, por tanto, es contrario respecto a la convivencia y el entendimiento recogidos en el estatuto». La medida afecta, en el otro punto aprobado, a los nombramientos de los 15 miembros de la Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que quedan anulados.

Nacho Escartín, diputado de Podemos que interviene en contra de la propuesta alternando el uso del catalán, el aragonés y el castellano, es abucheado durante toda la intervención por los diputados populares, al tiempo que los miembros de Vox abandonan la cámara.

La Fiscalia pide dos años de prisión para Xènia Garcia, detenida en una manifestación de protesta durante la huelga general del 18 de octubre de 2019. (9.9.2021)

La Fiscalía pide dos años de prisión para Xènia García, una manifestante de 24 años de edad que fue detenida durante la huelga general de octubre de 2019 en una manifestación de protesta por las sentencias dictadas contra los líderes independentistas. En aquella ocasión fue encarcelada trece días en el centro penitenciario de Wad Ras por orden de la jueza Beatriz Balfagón, después de que la policía manipulara pruebas y la acusara de ser portadora de una bola de petanca, bolas de vidrio y clavos que no eran suyos. El ministerio público le imputa ahora, transcurridos 23 meses, el delito de desórdenes públicos.

La Fiscalía General del Estado presenta su Memoria 2020, que reafirma la decidida voluntad de su ministerio de aplicar la calificación de terrorismo a las protestas y sabotajes llevados a cabo desde las filas del independentismo catalán. (13.9.2021)

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, presenta la Memoria 2020 de su departamento, en el que ofrece una relación de 68 acciones violentas y de sabotaje a España ejercidas en el transcurso de ese año desde las filas del independentismo catalán. Tales acciones están computadas dentro del apartado «terrorismo nacional» del documento, que incluye concentraciones, pancartas, amenazas, acciones contra el gobierno español o contra la corona durante las visitas puntuales a Barcelona o Girona de miembros del gobierno o del rey Felipe VI... La Memoria da especial relevancia a los cortes de las vías de comunicación, que en las ciudades incluye habitualmente cortes de calles y avenidas, la quema de mobiliario urbano... Destaca, asimismo, los «actos de sabotaje de vías férreas i la quema de mobiliario urbano» efectuados durante la madrugada del 11 de septiembre, que llevaron a la Guardia Civil a detener a cuatro personas bajo la acusación de cortar las vías del TGV en Lleida.

«En liquidació...» Cronología emérita de la represión en Catalunya 2017-2020