Quema cartel Rajoy

La nit prèvia a les eleccions del 14 de març de 2004, les seus del PP de les principals ciutats de l'estat són assetjades per manifestants aïrats que protesten per la manipulació del govern d'Aznar respecte a l'autoria dels atemptats islamistes del dia 11. Els manifestants són convocats a través d'un polèmic sms anònim que el PP atribueix al PSOE i que, deu anys més tard, reivindicarà Pablo Iglesias, quan expliqui que va ser fet per un grup d'alumnes de doctorat de Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, futurs impulsors del moviment del 15-M, l'any 2011, i del partit Podemos, el 2014. A la imatge, un grup dels manifestants aplegats davant la seu del carrer Urgell de Barcelona crema un cartell amb la imatge del candidat governamental a la presidència, Mariano Rajoy. [Foto, Júlia Cànovas]

[ En torno a los atentados del 11-M en Madrid ] 3. El PP ante los idus de marzo (La campaña electoral de 2004)

Lluís Cànovas Martí  /  17.3.2004 (amp. 2014)

[ Vegeu també: En torno a los atentados del 11-M en Madrid: [1] Prolegómenos conclusivos para no ir a las palpentas / [2] El PP en la fragua de Vulcano (La mayoría absoluta 2000-2004) / [4] In memoriam Catilina (El PP en la teoría de la conspiración) / El estado de las autonomías (1978-2012) / Transición económica neoliberal (1982-2012) / Sobre la bipolarización del voto en las elecciones del 9-M (2008) / Un sistema electoral bajo crítica / Apuntes sobre políticas nacionales en la UE: España 2002-2004 / España 1999-2001 ]

El resultado de todos los frentes abiertos por el Partido Popular a lo largo de la legislatura, junto al aprovechamiento de los mecanismos del poder, redundaron sobre todo en el sentimiento de unidad del partido en torno a la figura de su líder, el presidente José María Aznar: la dinámica de confrontación permanente le aseguraba a Aznar el control personal absoluto del aparato partidario, el fortalecimiento de un espacio político que fagocitaba cualquier iniciativa que pudiera surgir a su derecha y, en ausencia de otros compromisos, las manos libres de su mayoría parlamentaria para dejar fuera de juego cualquier iniciativa opositora. En lo ideológico, asumió Aznar un nacionalismo que, con la intención declarada de recuperar «el orgullo de ser español», tuvo sus manifestaciones de mayor resonancia en la toma por las armas del islote de Perejil/Leila (17 de julio de 2002) en la costa de Marruecos, que colocó las relaciones con el vecino del sur en el peor momento de su historia reciente, y un homenaje a la bandera en la madrileña plaza de Colón (2 de octubre de 2002), cuyo propósito de perpetuarse mediante actos mensuales de carácter institucional se frustró aconsejado por el alud de críticas recibidas. Más eficaz fue que bajo la fórmula de lo que llamaba «patriotismo constitucional» (un concepto acuñado para estigmatizar cualquier propósito de modificación de la carta magna) Sobre el concepto de «patriotismo constitucional» véase en esta misma web Lluís Cànovas Martí, «L'estat de les autonomies (1978-2012)». el gobierno se reservara la discrecionalidad de marcar los tempos y administrar el futuro de las eventuales iniciativas de cambio, que según declaraba le parecían impensables y, a la luz de la aplastante mayoría parlamentaria conseguida, eran presentadas como una amenaza para el estatus quo de la «corrección política» hispana.

Al final de la legislatura, el gobierno exhibía como mérito la imagen circunstancial de unos datos económicos que situaban su producto interior bruto por encima de la media comunitaria Sobre la política económica de los gobiernos de Aznar véase en esta misma web Lluís Cànovas Martí, «Transición económica neoliberal (1982-2012)». y que sirvieron para avalar la candidatura del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, al puesto de director-gerente del Fondo Monetario Internacional. Además, el gobierno del PP podía presentar como triunfo que su firmeza policial frente al terrorismo, refrendada en lo político mediante el Pacto contra el Terrorismo y por las Libertades suscrito con el PSOE (8 de diciembre de 2000), hubiera reducido a sus mínimos históricos las acciones de ETA, la lucha callejera (kale borroka) desarrollada por sus alevines y las formas de resistencia civil dirigidas por las sucesivas organizaciones parlamentarias de la izquierda abertzale vasca (Herri Batasuna, Batasuna, Sozialista Abertzaleak, etc.), ilegalizadas una tras otra al amparo de la no menos conflictiva y polémica ley de Partidos Políticos de 2002, que, como denunciaron numerosos juristas, reintroducía en el ordenamiento español la figura del delito político. Por descontado, en el balance quedaban también un montón de heridas abiertas que esperaban a ser restañadas y amenazaban con pasar factura…

Programas en la niebla: la precampaña del 14-M

Tal era el panorama dejado por esos cuatro años. Y al cabo, en el tramo final de la legislatura, con la mirada puesta ya en los comicios generales del 14 de marzo, las respectivas precampaña y campaña electorales se convirtieron en ejemplos palmarios de que la citada ley de oro sobre los efectos perniciosos de las mayorías parlamentarias era plenamente vigente en España.

Precampaña y campaña estuvieron marcadas en este caso por la problemática del terrorismo: sacada a colación por la filtración a la prensa (26 de enero de 2004) de una entrevista (mantenida veinte días antes) con ETA por el líder independentista catalán Josep Lluís Carod-Rovira, de ERC, invocada hasta la saciedad en Madrid para deslegitimar el recién formado gobierno tripartito catalanista y de izquierdas en Catalunya (en el que, bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall, Carod ejercía de conseller en cap) y denunciar así supuestas contradicciones del PSOE, acusado de no defender un modelo de estado coherente y de proponer para un mismo problema soluciones distintas en cada comunidad. Los dirigentes del PP se ratificaron con nuevos bríos en esa orientación de la campaña tras la decisión unilateral de ETA de declarar una tregua en Catalunya (18 de febrero) y a raíz de la detención en Cañaveras, Cuenca, de dos etarras que se dirigían a Madrid con una furgoneta cargada de explosivos (28 de febrero) Los detenidos de la que en ese momento fue calificada como «Caravana de la muerte» eran los miembros del «Comando Gaztelu» Irkus Badillo y Gorka Vidal, que transportaban 506 kg de cloratita y 30 kg de titadyne con el propósito de provocar una gran alarma al hacerla estallar en alguna zona industrial madrileña que debían decidir por sí mismos en función de las facilidades que encontraran. Más tarde fue detenido el tercer miembro de ese comando, Beñat Barrondo. En 2007, los dos primeros serían condenados por la Audiencia Nacional a 22 años de cárcel cada uno, y el tercero a 5 años por colaboración con banda armada (El Mundo, 12 de febrero de 2007. Convertida en arma arrojadiza, la problemática terrorista hizo del «caso Carod» el tema central de una campaña que envenenó, más si cabe, el clima político con toda clase de acusaciones calumniosas. Entre las más graves, una de Aznar, del 22 de febrero, en la que aseguraba que Carod había dicho a los etarras que dejaran de matar en Cataluña y que «lo hicieran solo en España», y otra de la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, quien, en un paso más, al día siguiente acusó directamente al PSOE de «pactar con asesinos», en referencia a ERC, que por supuesto anunció la presentación de una querella, tras la cual su tramitación fue desestimada por la judicatura.

A la postre, una campaña que sustrajo una vez más del debate los temas capitales con que supuestamente los programas del gobierno y de la oposición trataban de ganarse el voto para los siguientes cuatro años. Que los acontecimientos discurrieran así y los programas electorales quedaran al margen no era, desde luego, ni casual ni nuevo, en la medida que constituía ya una práctica consuetudinaria acorde con el escaso interés de los partidos y sus candidatos por darlos a conocer: en parte porque se considera que los enunciados programáticos conforman un fárrago difícilmente digerible, incomprensible más allá de los círculos de especialistas, razón por la cual los programas, en el mejor de los casos, solo son expuestos por partes y ante audiencias minoritarias seleccionadas en función de los contenidos concretos que van a ser tratados (aspectos laborales ante los sindicatos, programa de cultura para gestores culturales y artistas, etc.); del mismo modo —y para preservarse de los suspicaces respecto a los buenos propósitos de los políticos— se evita difundir los programas por el reflejo defensivo que lleva a no comprometerse más allá de lo imprescindible y a no hacer hincapié en aspectos que luego, al ser recordados, no les dispensarán de posibles incumplimientos; pero sobre todo —y desde la década de 1990 es una de las especificidades sobresalientes de la política en todo el mundo— por la indiferenciación de los programas de los grandes partidos: una consecuencia de la supeditación de la política a la economía, que inevitablemente conlleva que fuerzas que se postulan opuestas presenten coincidencias programáticas que los asesores de campaña consideran preferible ocultar.

Una campaña inacabada

En ausencia de mejores elementos de confrontación, y ante la necesidad de marcar un acento propio, la política emerge así como una forma de espectacularización más de la vida pública. Se trata de una necesidad que tiene el origen y se satisface en el rasero de las audiencias, y que, como en los reality show televisivos, encuentra su cauce natural tanto en las distintas personalidades y maneras de los líderes, como en el hallazgo de fórmulas generales de fácil comprensión capaces de marcar el propio territorio y lanzarse a la greña contra el adversario. En la campaña del 14 de marzo, las maneras respetuosas y pausadas del presidenciable José Luis Rodríguez Zapatero (secretario general del PSOE desde el 22 de julio de 2000) trataron de evitarlo al máximo, y fue esta baza electoral, basada en criterios de corrección política, con la que los socialistas se enfrentaron al partido del gobierno. Zapatero arriesgó mucho al comienzo, cuando declaró que renunciaba a la presidencia si el PSOE no sacaba, como mínimo, un voto más que su rival: algo que quitaba argumentos a los populares cuando trataban de ridiculizar la eventualidad de un gobierno tricolor «a la catalana» salido de los pactos postelectorales; pero que contrarió también a IU, cuando vio en esa declaración un incomprensible error que implicaba a priori renunciar a la victoria. Entre las propuestas de Zapatero, la de traer de vuelta a España las tropas destacadas en Irak apenas mereció comentarios, ya que fue acogida con suma suspicacia por todo el mundo, comenzando por las plataformas pacifistas que en el último año habían organizado las manifestaciones contra la guerra y ahora recordaban el eslogan «De entrada, no» utilizado por los socialistas en el referéndum de 1986 sobre la OTAN. Por el contrario, el PP aparecía muy marcado por las maneras hoscas del presidente José María Aznar y por su particular y expeditiva forma de plantear y resolver los problemas, un talante que le había llevado a priorizar las fórmulas de fuerza sobre las opciones de diálogo y que la oposición no se había cansado durante los últimos cuatro años de calificar, como mínimo, de «autoritario». El partido y sus dirigentes seguían arrastrando ese sambenito, aunque Aznar, cumpliendo con lo que había anunciado al comienzo de su mandato, no se presentara esta vez a la reelección. Un elemento nuevo de difícil pronóstico: su sucesor, el vicepresidente Mariano Rajoy (supuestamente escogido por el dimisionario tras un cuidadoso proceso de selección que, hasta que fue desvelado, el 29 de agosto de 2003, acaparó buena parte de las cábalas de tertulianos y politólogos), se caracterizaba justamente por un talante de apariencia más bien dialogante, aunque, al subrogarse en la línea de su valedor, se sumó a las posiciones de intransigencia y descalificación. Corrigió en parte en la recta final de la campaña, cuando las encuestas señalaron el 8 de marzo un peligroso avance de los socialistas, que se situaban entre los cuatro puntos de distancia y el empate técnico, La tendencia progresiva hacia el empate técnico que indicaban las encuestas y sondeos a propósito de la intención de voto del 14 de marzo se analiza en «[4] In memoriam Catilina (El Partido Popular en la teoría de la conspiración)». por lo que amenazaban la mayoría absoluta popular que se vaticinaba al comienzo de la campaña. A la vista de ese sesgo demoscópico, entonces en el PP se redistribuyeron los papeles, y los responsables de las descalificaciones pasaron a ser otros candidatos secundarios: Javier Arenas, Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo… Se suponía que Rajoy, más cómodo en un papel moderado que parecía venirle al pelo, iba a ser más convincente y se investiría de la autoridad moral necesaria para el triunfo. En ese camino era, sin embargo, imprescindible un guiño para los incondicionales, como el que dio en Huesca (9 de marzo), donde declaró que llegaría a La Moncloa para «hacer un poco más y un poco mejor» todo lo llevado a cabo por Aznar: una frase ambigua de continuidad y distancia respecto a su valedor. Pero en ese momento a la campaña le quedaba apenas nada, ya que iba a verse salvajemente interrumpida.

La masacre del 11 de marzo y sus consecuencias

Efectivamente, todo cambió el 11 de marzo cuando, a tres días de las elecciones, el mayor atentado registrado jamás en Europa dejó 191 muertos y más de 1.500 heridos en cuatro trenes de cercanías que a las 7.42 de la mañana se dirigían a la estación madrileña de Atocha. Para cualquier observador medianamente informado, el procedimiento empleado para lograr esa masacre era el propio de Al Qaeda. Pero el gobierno decidió que se trataba de un atentado de ETA, a despecho de que no era el estilo de la «banda»: para empezar, el hecho de que no hubiera habido aviso previo rompía con una práctica etarra avalada por sus 44 años de atentados; de buena mañana, recibió la condena del líder batasuno Arnaldo Otegui, quien nunca antes había condenado un atentado etarra y dio por descontado que ETA no había sido; al día siguiente, un comunicado de la propia ETA al diario Gara desmintió su participación en lo sucedido; la complejidad de la operación, que exigía la participación de un mínimo de ocho o diez personas, hacía muy improbable la autoría de ETA, dada la debilidad operativa y logística que padecía a raíz de los reiterados golpes policiales… Para colmo, los artificieros del Tedax, con solo husmear los restos de los trenes, aseguraron que el explosivo empleado no era el titadyne habitual de los etarras.

Pero el gobierno se empecinó en que era ETA, desestimando otros indicios: el contenido simbólico del día, que coincidía con los dos años y medio de los atentados del 11-S en Estados Unidos; encajaba perfectamente con una amenaza de Osama Bin Laden, publicada por el diario qatarí Al Jazeeray reproducida por la prensa española al día siguiente (19 de octubre de 2003), en la que refiriéndose a la guerra de Irak citaba por primera vez específicamente a España entre los objetivos de Al Qaeda («Nos reservamos el derecho de responder, en el momento y lugar oportunos, contra todos los países que participan en esta guerra injusta, en particular Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia»); fue reivindicado la misma tarde del día 11 y, cuatro días después, el día 15, en sendos comunicados de las Brigadas Abu Hafs al Masri, autoras de masacres anteriores en Bagdad, Yakarta, Nasiriya, Estambul... y que tomaban el nombre de guerra del egipcio Mohamed Atef, primer jefe del comité militar de Al Qaeda, muerto en Afganistán en 2001; Este segundo comunicado fue reproducido también el 18 de marzo en la web del Global Islamic Media Center, portal de internet vinculado a Al Qaeda (un hecho que no recogía en mi primer artículo, que en ese momento yo ya había remitido a mi editor. entre ambos comunicados, la reivindicación yihadista fue reiterada en la tarde del día 13, víspera de la jornada electoral, por el portavoz de Ansar Al Qaeda en Europa, Abu Dujan al Afgani, mediante un vídeo depositado en una papelera próxima a la mezquita madrileña de la M-30, que reclamaba de nuevo aquella autoría, confusa para la opinión pública después de que los medios oficiales pusieran en duda la autenticidad del primer comunicado alegando que el diario londinense Al Quds Al Arabi era poco fiable; entretanto, el hecho más relevante, y era ya una pista firme, a primera hora de la tarde del día 11 fue hallada una casete en árabe y varios detonadores en una furgoneta robada aparcada junto a la estación de Renfe de Alcalá de Henares. Pero tampoco se consideró suficiente.

En todas sus declaraciones públicas, el gobierno se atuvo al hilo de su propia propaganda, que en los días precedentes, para subrayar los argumentos en contra del PSOE y sus socios catalanes, le había llevado a afirmar que ETA buscaba una matanza en Madrid. Así que se empecinó en sostener la autoría de ETA: el propio Aznar en persona llamó sobre la una de la tarde a varios directores de periódicos para convencerles de dicha autoría (luego, en una segunda ronda telefónica de última hora, insistió para asegurarse de que así iban a publicarlo) y, acto seguido, en una rueda de prensa convocada media hora después, el ministro del Interior, Ángel Acebes, tachaba de «miserables» a quienes trataran de «desviar la atención sobre el objetivo y los responsables de esta tragedia». La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, mandó una nota confidencial a todas las embajadas españolas para que defendieran el mismo punto de vista y una hora después el embajador español ante la ONU arrancó una declaración de condena del Consejo de Seguridad en que se hacía mención expresa de la organización vasca.

Muy al contrario, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses expusieron desde el primer momento su incredulidad respecto a la posición oficial del gobierno, y apuntaron abiertamente hacia Al Qaeda, al igual que hicieron la mayoría de los medios de la prensa internacional.

Por supuesto, se suspendió la campaña electoral y se declararon tres días de luto nacional. Solo cuando a las 12 horas del atentado se informó del hallazgo de la furgoneta, Acebes anunció prudentemente la apertura de una segunda línea de investigación, pero la postura oficial que señalaba la autoría de ETA permaneció invariable. En la opinión pública se abría paso la sospecha de que el gobierno estaba manipulando la información y trataba de evitar a toda costa que la indignación causada por la masacre pudiera girársele en contra si se demostraba que el atentado era un acto de represalia por el papel de España en la guerra de Irak.

Las manifestaciones de duelo del día 12 reunieron, según cifras oficiales, a unos once millones de personas. Las concentraciones de protesta ante las sedes centrales del PP en Madrid y Barcelona se extendieron el día siguiente, día 13, a las principales ciudades en la jornada de reflexión que marca la ley. Los informativos de Televisión Española, dirigidos por el periodista Alfredo Urdaci, se convirtieron en todo un símbolo de la manipulación informativa denunciada, que también alcanzó a la Agencia EFE, donde el comité intercentros pidió el cese del director de información, Miguel Platón, por el régimen de censura y manipulación impuesto. Ese mismo día, fueron detenidos en Madrid tres súbditos marroquíes y dos indios en relación con lo sucedido. El clima de tensión era extremo y, en Pamplona, el agente de policía José de la Peña mataba de cuatro tiros a su panadero, Ángel Berroeta, porque se había negado a poner en la tienda un cartel contra ETA. Por la noche, Rajoy exigió por televisión el cese de las manifestaciones y actos de protesta convocados a través de los sms anónimos que el PP atribuía al PSOE y cuya autoría reivindicaría diez años más tarde como propia el líder de un Podemos que en aquel 2004 se hallaba aún en fase embrionaria Véase nota a pie de página en «[1] Prolegómenos conclusivos para no ir a las palpentas». Mientras, sonaban las caceroladas y entre los manifestantes, que airados seguían acosando las sedes del PP, se disparaban los rumores sobre propuestas de suspensión del proceso electoral y de imposición del estado de excepción…

Al día siguiente, cuando fueron a votar, Aznar y su esposa, Ana Botella, fueron recibidos con gritos e insultos en su propio colegio electoral. Los buenos augurios de los idus de marzo y los resultados favorables de las encuestas, en los que tanto habían confiado, parecían girárseles en contra: ella depositó el voto en la urna con los ojos bañados en lágrimas (una imagen suprimida en los siguientes pases del informativo), y él, con el rostro cuajado de ira, cambió ante las cámaras el convencional llamamiento a la participación ciudadana, propio de los políticos en trance electoral, por una de sus habituales invectivas, en este caso contra «los fanáticos» cuyo coro de insultos le acompañaba como sonido de fondo (grabación igualmente suprimida a posteriori). Todo un símbolo y, poco más o menos, el mismo sonido que acompañó la imagen del voto de Rajoy. Por la tarde, aún los informativos de TVE insistían en la autoría de ETA. Sin embargo, para sorpresa general, las elecciones daban un vuelco al panorama político gracias a una participación del 78% del electorado, casi diez puntos por encima de la participación registrada en 2000: el PSOE conseguía 10.907.530 votos, 42,64%, y obtenía 164 escaños. El PP, con 9.628.201 votos, 37,64%, 148 escaños, se vería obligado a pasar a la oposición. Los nacionalistas de CiU (3,24% y 10 escaños), ERC (2,54% y 8 escaños) y PNV (1,63%, 7), e IU-ICV (4,96% y 5 escaños), ofrecían un amplio panorama de apoyos parlamentarios al gobierno que iba a presidir el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Lluís Cànovas Martí, «3. El PP ante los idus de marzo (La campaña electoral de 2004)»[ En torno a los atentados del 11-M en Madrid ]