[ Vegeu també: El desafío norcoreano ]

Insólito el espectáculo de una dictadura en el banquillo de los acusados. Más aún ver rendir cuentas de sus crímenes a los propios dictadores o a los responsables directos de sus decisiones y a quienes les financiaron. Todo esto sucedió en Corea del Sur cuando sólo se cumplían cuatro años de sistema democrático, una democracia tildada, en la tipología asiática de los «Tigres» del desarrollo, como «confucionista», lo que desde la perplejidad occidental equivale al reconocimiento de cualquier posible particularidad, incluida un ajuste de cuentas con el pasado que no pase por el compromiso.
Corea del Sur nació en 1948 en las tensiones de la guerra fría, y el país seguía dividido en 1996 como testigo residual de aquel hecho histórico que proporcionó al ejército un protagonismo decisivo en la vida del país: en octubre de 1979 el presidente Park Chung Hee, víctima de una revuelta, había perdido la vida a manos del jefe de la inteligencia militar. La investigación del caso, dirigida por el comandante de Seguridad y lugarteniente del asesino, Chun Doo Hwan, conduciría a la detención del comandante en jefe del ejército, Chung Seung Hwa, provocando un enfrentamiento armado entre los partidarios de uno y otro militar, con el resultado de un golpe de Estado que aupó a Chun Doo Hwan como presidente hasta 1987 y se prolongaría hasta 1993 a través de su amigo y sucesor Roh Tae Woo, quien había sido su ministro del Interior y presidido en 1983 el Comité organizador de los Juegos Olímpicos de Seúl.
El tribunal de Seúl juzgó a los dos generales por el golpe de Estado de 1979, sus prácticas corruptas (que les llevaron a amasar auténticas fortunas personales) y la represión del movimiento estudiantil de mayo de 1980 en Kwangju, que, según el balance oficial, causó dos centenares de muertos, aunque se estima en más de mil el número real de víctimas.
El 26 de agosto de 1966 Chun Doo Hwan fue condenado a la pena capital, mientras que Roh Tae Woo lo fue a 22 años y seis meses de cárcel. Ambos debían pagar, además, sendas multas por el equivalente de 34.000 y 44.000 millones de pesetas por los delitos de enriquecimiento ilícito mediante aceptación de sobornos y tráfico de influencias. Otros catorce altos militares eran condenados, asimismo, a penas de entre cuatro y diez años de cárcel por la citada represión en Kwangju. Las responsabilidades establecidas por el tribunal se hacían extensibles en la sentencia a siete importantes empresarios coreanos que se manejaron en el entramado de la dictadura, propiciando el enriquecimiento ilegal de aquéllos: Lee Kun Dee, presidente de la multinacional coreana Samsung, y Kim Woo Choong, presidente de Daewoo, a dos años de cárcel cada uno; Choi Won Suk, presidente del grupo Dong-Ah, a dos años y medio; los presidentes de Jinro, Chang Jin Ho, y Hanbo, Chung Tae Soo, a dos años cada uno.