Lluís Cànovas Martí / 4.2.2003
[ Vegeu també: Apuntes sobre políticas nacionales en la UE / Polonia, el troyano americano ]
La Unión Europea aparecía, a comienzos del siglo XXI, como el único proyecto de entidad política y económica susceptible de contrabalancear el liderazgo mundial de Estados Unidos. Una posibilidad que parecía alejarse en 2003 por las divergencias surgidas entre sus países miembros a raíz de la crisis de Irak.
La solución de los problemas de la Europa comunitaria se encauzaba favorablemente al comenzar el siglo. La crisis de Japón le había desembarazado de un adversario en la carrera por ocupar el puesto dejado, una década antes, por la Unión Soviética en el juego del equilibrio bipolar. Otros candidatos, como China e India, aspiraban a disputarle la posición sólo a medio o largo plazo. El afianzamiento de la nueva moneda europea, el euro, en mercados antaño exclusivos del dólar era considerado un signo halagüeño de aquellas perspectivas. Si en 1991, durante la guerra del Golfo contra Irak, Estados Unidos refrendó su liderazgo con el apoyo casi unánime de Naciones Unidas (y por supuesto de la Europa al completo), las cosas habían cambiado en 2003, cuando, bajo el foco de atención de la administración norteamericana, los incumplimientos de resoluciones internacionales convirtieron a Irak otra vez en centro de todas las miradas y reo propiciatorio de los crímenes atribuidos al terrorismo internacional. En la presión de esa coyuntura, se dibujó en la UE una fractura respecto a la eventualidad de la guerra: los gobiernos de Gran Bretaña, España e Italia se alinearon incondicionalmente con Estados Unidos, que preparaba una invasión «preventiva» para derrocar el régimen de Sadam Hussein, mientras Alemania y Francia (calificados despectivamente como «la vieja Europa») denunciaban el carácter unilateral de ese ataque.
Las diferencias políticas se sumaban a otras dificultades surgidas hasta el momento en la construcción europea, que sin duda tuvo su hito estelar en el euro.
En 1998 la Unión Europea había dado un paso trascendente de la unión monetaria: la creación del Banco Central Europeo y del euro, y la aplicación de una política monetaria común en la que la nueva moneda pasó, al año siguiente, a ser la unidad de cuenta, aplicada también en los mercados de capitales; en 2002 el euro entró en circulación, como moneda de cambio, en doce de sus quince países miembros (ya que Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca pospusieron la medida).
La PAC representaba en 1999 el 42 % del presupuesto de la UE. También su mayor fuente de problemas, por las arduas negociaciones que acompañan el establecimiento de los precios de apoyo y las presiones que preceden la concesión de las ayudas directas a la producción. Las directrices de la Agenda 2000 potenciaron una política de desarrollo rural y fueron sometidas en 2002 a un plan de recorte de las subvenciones que significaba un ahorro presupuestario del 20 % en siete años. La medida beneficiaba a Alemania y los países del norte en detrimento del sur.
El envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad se compensaban en parte mediante la inmigración, asignatura pendiente de una Europa que en 2003 optó por enrocarse frente a las avalanchas humanas procedentes del este y de África. La estructura de costes laborales y sociales (deudora de unas conquistas históricas que la convierten en la más elevada del mundo) repercutía negativamente sobre la competitividad de sus empresas, al tiempo que sus tasas de paro (8,2 % en 2000) adquirían ya un carácter endémico que lastraba la solvencia del estado de bienestar en que se basa el modelo europeo desde la postguerra.
En 2002 la UE aprobó el ingreso de diez nuevos países para mayo de 2004: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, R. Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre. La merma de ingresos de los fondos estructurales que percibirían los actuales socios del sur levantó tensiones, pero se había de compensar con las ventajas derivadas de la capacidad económica de los 450 millones de habitantes resultante.
Si las tareas de la convención constitucional constituida en 2001 se completaban en el plazo previsto, la futura UE dispondría ya en esa fecha de una Carta Magna y habría dado un paso de gigante en el camino de unir la Europa económica y la política: algo que en la coyuntura de comienzos de 2003 estaba en el alero.
[ Vegeu també: Apuntes sobre políticas nacionales en la UE / Polonia, el troyano americano ]
Lluís Cànovas Martí, «La construcción europea en el siglo XXI»Apartat 4 d'«El mundo tras el 11 de septiembre», capítol final de la Historia Universal Larousse, volum 34, RBA Editores/Spes Editorial, Barcelona, 2002-2003