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Argelia

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La vigencia del estado de excepción impuesto tras el golpe de estado de 1992 y el rígido control que el ejército y los servicios de información militar ejercen desde aquel año sobre la vida pública seguían determinando en 2002-2004 la política argelina, a pesar de que en 1999 un intento de cumplir con las formalidades institucionales propias del poder civil llevara a Abdelaziz Buteflika a la presidencia de la república en unas elecciones que, al final, fueron boicoteadas por toda la oposición democrática. En el plano militar, en 2002-2004 se registró un descenso relativo en la actividad armada de los grupos integristas islámicos: ganados por las medidas de gracia otorgadas individualmente a partir de 2000; reconducidos en algunos casos a una vía negociadora que (siguiendo el ejemplo del Ejército Islámico de Salvación) llevó a varias de sus facciones al abandono de la insurgencia; desarbolados en la mayoría de casos por la simple y pura represión; víctimas de la acción de grupos clandestinos del ejército, responsables, según Amnistía Internacional, de más de siete mil «desaparecidos» desde 1992, y empujados (como en el caso del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) a un repliegue hacia las regiones desérticas del sur, donde (tras secuestrar en 2003 a varios grupos de turistas) podían ponerse a salvo cruzando las desprotegidas fronteras de los países limítrofes.
En 2002-2004, las relaciones del régimen argelino con occidente no dejaban de estrecharse y tenían en Buteflika a su principal valedor: el Acuerdo de asociación con la UE (cuyos países del sur son sus principales socios comerciales), las negociaciones para la entrada en la OMC, el establecimiento de un marco de relaciones formales con la OTAN... parecían proporcionar un marco de normalidad que se aceptaba como paliativo de las carencias democráticas e imprescindible en la coyuntura internacional de la guerra preventiva contra el terrorismo.
Las elecciones legislativas del 30 de mayo de 2002, denunciadas también por su falta de garantías, dieron la victoria al viejo partido único que había dirigido la lucha por la independencia del país, Frente de Liberación Nacional (190 de los 380 escaños del parlamento), seguido por el partido de Buteflika, Reagrupamiento Nacional Democrático (48 escaños), y el islamista Movimiento Nacional de Reforma (43), partido del jeque Abadía Yaballah que recogía los postulados del ilegalizado Frente Islámico de Salvación. El integrista Movimiento de la Sociedad por la Paz , partido del jeque Mahfud Nahnah que suprimió su propuesta de implantar la sharia para presentarse, obtuvo 38 escaños, y el también islamista Partido de la Renovación Enh-Nahda consiguió un solo escaño. Por su parte, los partidos bereberes, con los dirigentes de las asambleas tribales encarcelados tras los disturbios de 2001, boicotearon la convocatoria, determinando una abstención del 98 % en la Cabilia. Cinco meses después, en octubre, liberados aquéllos y aceptado el amazigh como tercera lengua oficial argelina (junto al árabe y el francés), las elecciones municipales (ganadas de nuevo en el conjunto del estado por el FLN) discurrieron en la Cabilia no sólo bajo el signo de la abstención, sino también de la revuelta: un fenómeno que, ante la falta de soluciones políticas para la región, entre 2001 y 2004 arrojaba como balance cerca de un centenar y medio de muertos, cinco mil heridos y miles de exiliados.
Buena parte de la vida política de finales de 2002 y comienzos de 2003 se centró en las intrigas por el control del aparato del FLN, ante la incertidumbre que en el régimen causaba la posible candidatura de su líder, el primer ministro Ali Benflis, a la presidencia de la república, confirmada en marzo de 2003. Sin embargo, las elecciones presidenciales del 8 de abril de 2004 revalidaron el mandato de Buteflika, que obtuvo el 83 % de los votos, en medio de las denuncias de fraude de sus cinco rivales, el más votado de los cuales fue, por supuesto, Benflis, aunque sólo con el 7,9 %, según el recuento oficial.

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Libia

El presidente Muammar el Gadafi rompió con once años de negativa a aceptar responsabilidades en el «caso Lockerbie» y, aun manteniendo que el estado libio no estuvo implicado en aquel atentado (que en 1988 causó la caída de un avión de la Pan Am sobre aquella localidad escocesa al estallar las bombas colocadas por dos agentes libios), en mayo de 2002 anunció su propósito de indemnizar a los familiares de las 270 víctimas: 2.700 millones de dólares. El 1 de septiembre, en el 33 aniversario del golpe de estado que lo llevó al poder, extendió su buena voluntad al propósito de «respetar la legalidad internacional, pese a que esté falseada e impuesta por Estados Unidos», de lo contrario, apostilló, «nos va a aplastar». Igualmente, anunció el propósito de retirar a Libia de la Liga Árabe (que calificó de «dócil, ineficaz y aturdida por la globalización») y de potenciar su papel en la Unión Africana. Ese giro de su política, adoptado en pleno ajuste de cuentas estadounidense contra sus enemigos históricos, le abrió las puertas de una relativa normalización en sus relaciones internacionales, que tuvo como primera providencia que Estados Unidos incluyera al Grupo de Combate Islámico, la principal fuerza opositora libia, en su lista de organizaciones terroristas, aunque una denuncia de la Agencia de Misiles de Defensa estadounidense sobre un supuesto intento libio de comprar misiles de largo alcance en el mercado armamentístico le privara en octubre de ser borrado a su vez de la lista de «estados terroristas» que confecciona el Pentágono.
En junio de 2003, Gadafi anunció la puesta en marcha de una política de privatización de los sectores claves de la economía (energético, bancario...) y la remodelación de gobierno necesaria para hacerla efectiva, que implicó la sustitución del primer ministro Mubarak al Chameh por Shokri Ghanem. Mientras, avanzaba su faraónico proyecto hidráulico que se propone irrigar dos millones de hectáreas de desierto. En septiembre, tras formalizarse el pago de las indemnizaciones de Lockerbie, el consejo de seguridad de la ONU levantó las sanciones impuestas a Libia en 1992, que en parte habían sido suspendidas en 1999. En diciembre, el giro de Gadafi se certificó al formalizar un acuerdo bilateral con Estados Unidos que garantizaba el desmantelamiento del programa de fabricación de armas de destrucción masiva libio.

Marruecos

La boda de Mohamed VI con la joven Salma Bennani, celebrada el 21 de marzo de 2002, y las fiestas de los esponsales, aplazadas hasta julio en señal de duelo por la ocupación israelí de Cisjordania (motivo el 7 de abril de una multitudinaria manifestación de protesta en Rabat), fueron un nuevo signo de la ruptura del monarca con la tradición oscurantista de sus antecesores, conforme a la cual, en el orden de las costumbres, nunca exhibieron a sus esposas en público. El sentido de la modernidad del monarca, exaltado en medios occidentales, determinó que en junio de 2004 Marruecos fuera distinguido con el estatuto de «socio preferente» de Estados Unidos, reconociendo su papel estratégico fundamental en la guerra preventiva contra el terrorismo en el Mediterráneo. Y al respecto, la política interior de sus gobiernos respecto al integrismo creciente fue una simple puesta al día del modelo de palo y zanahoria prescrito, desde Maquiavelo, en todos los manuales de estado: estigmatización de los sectores radicales en pro de la moderación, y persecución implacable para los transgresores, con la inevitable secuela de violaciones de los derechos humanos y «desapariciones», que desde 2003 tenían en el centro de detención clandestino de la DST, en Temara, su principal centro de torturas.
En 2002, las tensiones acumuladas con el gobierno español por los problemas de la pesca, la emigración clandestina, las prospecciones petroleras y la posición del gobierno de José María Aznar en el irresuelto contencioso del Sahara Occidental, estallaron en julio de 2002 con la ocupación del islote de Leila/Perejil por Marruecos y su recuperación por España en un golpe de mano militar que colocó las relaciones entre ambos países en su peor momento. Aunque formalmente recompuestas con la mediación de Estados Unidos, esas relaciones no se normalizarían ya hasta que en marzo de 2004 las elecciones determinaron un cambio de gobierno en España.
Las elecciones legislativas del 27 de septiembre de 2002 registraron una abstención del 48,5 %
(y un 15 % de votos blancos o nulos), propiciada por el boicot de las organizaciones bereberes y de los radicales islamistas de Justicia y Caridad. Aunque ganadas oficialmente por la Unión Socialista de Fuerzas Populares, del primer ministro Abderramán Yussufi, que obtuvo 50 de los 325 escaños en disputa, y en segundo lugar por el nacionalista Istiqlal (48 escaños), tuvieron en la formación islamista moderada Partido de la Justicia y el Desarrollo (44 escaños) la vencedora moral, ya que sólo había presentado candidatos en 35 de las 91 circunscripciones y, según los observadores, el voto mayoritario dirigido a esa formación fue amañado en el recuento, al ser redistribuido entre los restantes partidos. El rey prescindió de la nueva correlación de fuerzas y, sin evacuar consultas, nombró al independiente Driss Jettu, hasta ese momento ministro del Interior, para el puesto de primer ministro. El nuevo gabinete se formaría también al margen de los resultados, sin efectuar apenas cambios y, desde luego, no incorporó a ningún miembro de la formación islamista.
Un año después, 12 de septiembre de 2003, tan contundente fue el triunfo islamista en las municipales, que apenas pudo ser ocultado. Oficialmente, las ganó el Istiqlal, que obtuvo 398 concejales, pero virtualmente empatado, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, con 386, se convirtió en la segunda fuerza. Por su parte, la no legalizada Justicia y Caridad se irrogó el triunfo ante una abstención del 46 %, que según aquélla secundó su consigna. Exponente también del auge islamista: el 18 de mayo de 2003, en Casablanca, 12 militantes del grupo salafista Justa Vía se inmolaron en varios atentados suicidas que incluían intereses españoles; también el comando que perpetró los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid estaba formado en su mayoría por integristas marroquíes.

Mauritania

El gobierno del coronel Mauya Uld Sid Ahmed Taya, oveja negra del mundo árabe después de que en 1999 reconociera oficialmente a Israel y cerrara su embajada en Bagdad, fue premiado en abril de 2003 con la condonación de la deuda exterior contraída con Estados Unidos. En un ambiente de conspiraciones golpistas, dos grupos radicales opuestos a dicho alineamiento, Acción por el Cambio, y Consciencia y Resistencia, fueron disueltos en 2002 y 2003. El 7 de noviembre de este último año Taya fue reelegido con el 66,6 % de los votos en unas elecciones presidenciales que transcurrieron en medio de acusaciones de fraude, tras las cuales el segundo candidato más votado, Mohamed Juna Uld Haidallah (18,7 % de los votos), fue detenido bajo la acusación de preparar un golpe de estado. En el verano de 2004 la mayor plaga de langosta africana de las dos últimas décadas asoló los precarios cultivos del país antes de extenderse a los países vecinos.

Tunicia

En el período 2002-2004 el presidente Zin el-Abidin Ben Alí aprovechó la lucha contra el terrorismo islamista en su territorio, que el 11 de abril de 2002 causó 21 muertos en un ataque contra la sinagoga de Ghriba, en Yerba, para arremeter contra cualquier forma de oposición y reforzar sus poderes, que tienen sus mejores instrumentos en el control del partido único, una rígida censura de prensa y un sistema policial y judicial que castiga duramente la disidencia. Una reforma constitucional, aprobada con el 99,5 % de los votos en un referéndum celebrado el 22 de mayo de 2002 con la participación del 95 % del electorado, le aseguró prorrogar otros dos mandatos más su continuidad en el poder, que expiraba en 2004, y la inmunidad penal de por vida.