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4 de agosto de 1999. El presidente iraní Mohamed Jatamí atraviesa estos días su peor momento político. El cerco de sus enemigos se estrecha para ahogar su tímida política de reformas, al tiempo que una sentencia del Tribunal Especial del Clero hecha pública hoy declara la clausura por cinco años del periódico Salam - vagamente favorable a su línea aperturista- y aparece como una simple muestra de lo que se le avecina.
A contrapié de los revolucionarios islámicos instalados en Teherán desde 1979, Jatamí fue aupado a la presidencia de la República Islámica de Irán por una nueva generación de jóvenes deseosos de cambio que, en 1997, lo votaron masivamente. El impulso cobrado por su política de gestos y declaraciones de intenciones, que da alas a los reformistas, lo acaba de poner, sin embargo, a los pies de los caballos de sus enemigos y, en especial de Alí Jamenei, quien, como sucesor del imam Ruhollah Jomeini, ostenta el puesto político-religioso de «Guía Supremo de la Revolución», máxima representación del régimen y baluarte institucional de su sector duro.
El enfrentamiento entre ambos y entre los correspondientes sectores del poder islámico que representan se ha venido cobrando sus víctimas en escaramuzas dentro del aparato de poder estatal: fueron, entre otros, los casos del alcalde reformista de Teherán, Gholam-Hussein Karbachí, juzgado en 1998; del incómodo ayatolá Hussein Alí Montazeri, en arresto domiciliario, o de la lista de intelectuales críticos asesinados, presuntamente por los Guardianes de la Revolución que controla Jamenei.
El pasado 8 de julio el secuestro y cierre de Salam, que ese día publicaba un documento confidencial en el que se desenmascaraban los planes conservadores para recortar la libertad de expresión impulsada por Jatamí, lanzaron a los estudiantes a la calle. El movimiento estudiantil, que en ningún caso ponía en entredicho los principios islámicos que rigen sus vidas, comenzó en la ciudad universitaria de Amirabad, al norte de Teherán, y se extendió en seguida a las principales ciudades, hasta el día 13 del mismo mes: las mayores movilizaciones vividas por el país bajo el régimen islámico. En el camino dimitió el ministro de Educación, Mustafá Moin, disconforme con la dura represión ejercida sobre los manifestantes: 1.400 detenciones, un número indeterminado de muertos por disparos de los Guardianes de la Revolución y de grupos paramilitares, y la amenaza de penas capitales para los instigadores de la revuelta, que quedan a merced de un sistema judicial controlado por los conservadores, como la sentencia dada a conocer hoy evidencia.
Los analistas occidentales coinciden al analizar los acontecimientos iraníes como una toma de posiciones en vistas a las elecciones presidenciales que deben celebrarse en febrero de 2000.
En sus primeras declaraciones sobre los acontecimientos (28 de julio) Jatamí había denunciado lo sucedido como una «declaración de guerra» contra su política aperturista, que «sólo puede producirse en un contexto de paz», por lo que pidió calma y, adoptando una posición de centralidad, arre­ metió contra los excesos de ambos bandos: «en 1997 el pueblo decidió la dirección en la que debe marchar la nación», sentenció.